El rápido avance de la generación distribuida en México refleja una oportunidad para el diseño de un nuevo federalismo energético. A medida que los ciudadanos asumen un papel más activo en la producción y gestión de su energía, surge la necesidad de políticas y regulaciones que apoyen nuevos modelos descentralizados que fomenten la participación local en la toma de decisiones energéticas. Esto no sólo fortalecería la resiliencia del sistema energético, sino que, de cara a las elecciones 2024, pone en la mesa de los candidatos federales y locales alternativas para promover la innovación y la construcción condiciones propicias a más y mejores inversiones.

Los efectos del cambio climático se han evidenciado en todo el mundo. En lo que va del año, la Ciudad de México ha enfrentado ya contingencia ambiental atmosférica y en octubre del año pasado, esta crisis climática se hizo más evidente con el impacto de un huracán, Otis. De acuerdo con especialistas de la NASA, las probabilidades de que se presenten temperaturas cálidas y cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento, que producen huracanes semejantes, ha aumentado 35%, según datos de la industria aseguradora.

Cumplir con los compromisos del Acuerdo de París sobre el cambio climático requiere acciones tanto a nivel federal como subnacional. A pesar de que el marco jurídico mexicano en materia energética está altamente concentrado en el régimen federal, los estados tienen la oportunidad de impulsar estrategias para la transición energética.

El monitoreo sistemático de las acciones emprendidas por las entidades federativas es fundamental para proporcionar información sobre su efectividad y responder a las necesidades de energía que exigen las nuevas inversiones que están llegando al país. Las ciudades y municipios son las principales emisoras de Gases efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, y por tanto, deben ser el epicentro de la lucha por alcanzar un balance neto de dichas emisiones.

Desde México Evalúa hemos analizado la región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Jalisco), en cuanto al desempeño histórico de su sistema energético, y preparación para dicha transición. Al respecto, la coexistencia de infraestructuras energéticas estatales y privadas en áreas urbanas presenta desafíos para la creación de un entorno propicio para la inversión sustentable, como es el caso de Salamanca, Guanajuato, cuyas inversiones públicas para dar mantenimiento a la refinería implican costos sociales y económicos para los mexicanos. También es pertinente reconocer la atención que la federación le ha dado al aumento de la inversión de la CFE para modernizar las redes de transmisión y distribución para dotar a la región de mayor confiabilidad del servicio. Entre 2016 y 2022, la inversión pública para dar mantenimiento y modernizar las redes de transmisión y distribución en la región, ascendió a 102 mil millones de pesos. Sin embargo, los recursos son insuficientes para garantizar el suministro eléctrico a una región con tasas medias de crecimiento del consumo superiores a la media nacional (5%), tan solo Aguascalientes (14%), Jalisco (11%) y Querétaro (9%) presentaron crecimientos de doble dígito en su consumo para dicho periodo. Asimismo, sorprende el crecimiento de usuarios de suministro básico en Querétaro (36%) por encima de la media nacional de 22% para dicho periodo. 

Por otro lado, el crecimiento de la Generación Distribuida en la región se incrementó casi 12 veces entre 2017 y junio de 2023; mientras que tres entidades de nuestro análisis presentaron un crecimiento superior a la media, donde Jalisco y Querétaro crecieron respectivamente poco más de 17 veces, y Aguascalientes más de 14 veces en dicho periodo. Guanajuato, por su parte, creció poco más de ocho veces, cifra igualmente sorprendente.

En México Evalúa, consideramos importante analizar si dichas políticas y presupuestos finalmente impulsan o inhiben la transición energética a nivel local, lo que requiere atención al desempeño continuo de las políticas públicas en función de las necesidades que la demanda plantea.

El proyecto Cuatro retos para la transición energética: el caso Bajío busca construir un sistema de monitoreo homogéneo para evaluar los esfuerzos de transición energética a nivel subnacional, inicialmente en esta región, con la posibilidad de expandirse a nivel nacional. Esta herramienta busca proporcionar retroalimentación a los esfuerzos y resultados que las entidades federativas realizan hacia la transición energética, permitiendo ir construyendo un observatorio que abone a una mejor toma de decisiones y participación ciudadana. 

La transición energética nos involucra a todos los mexicanos. Debemos exigir, desde el nivel local hasta federal, que se aprovechen los recursos y se deje de priorizar la quema de  combustibles fósiles para avanzar en la transición energética. Por ello, desde México Evalúa convocamos a la opinión pública, junto con nuestras organizaciones aliadas Iniciativa Climática y Sostenibilidad Global, a unirse a esta visión, y firmar la petición Transición Energética justa en México al 2030: https://shorturl.at/orDG5

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