| • La legisladora Eufrosina Cruz aseguró que el delito por matrimonios forzados será imprescriptible en todo el país y podría alcanzar 18 años de cárcel. • La diputada Norma Aceves impulsa establecer medidas para la protección de los menores de edad, contra las prácticas de unión legal. • La representante priista Ana Lilia Herrera dijo que la reforma considera un favor de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas y de grupos vulnerables con discapacidad. |
| El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciativas de las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Eufrosina Cruz Mendoza, Normar Aceves Mejía y Ana Lilia Herrera Anzaldo, para castigar penalmente los matrimonios forzados y establecer medidas de protección que prevenga la venta de niñas para matrimonios infantiles. Preocupadas por proteger los derechos de la niñez, la adolescencia, la juventud y las mujeres del país, las diputadas priistas expusieron desde la tribuna las modificaciones que buscan frenar la violación a los derechos humanos de las niñas convertidas en mujeres por matrimonios forzados, así como establecer medidas para la protección de los menores de edad, contra las prácticas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal. En su exposición, Eufrosina Cruz señaló que este dictamen por el que se adiciona el Capítulo IX “Del Matrimonio Forzado de Menores” al Código Penal Federal en Materia de Derechos Humanos a una Vida Libre de Violencia, faculta que este delito será imprescriptible en todo el país y se castigará con penas privativas de libertad que podrían alcanzar 18 años de cárcel. Argumentó que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportan 423 mil mujeres obligadas a casarse como resultado de un embarazo, 339 mil padecieron “un robo”, es decir, forzadas por un varón y 185 mil intercambiadas por dinero, bienes o propiedades. Esto, indicó, es producto del panorama que enfrentan las mujeres en los pueblos originarios, donde prevalecen los “Usos y Costumbres”, que en este caso deberían llamarse “Abusos y Costumbres”. En su oportunidad, Norma Aceves explicó que su propuesta plantea adicionar un artículo 45 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para mandatar a las autoridades federales a establecer medidas de protección para prevenir, erradicar o suspender los usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que permitan la venta de niñas con fines de unión legal. Puntualizó que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no se cuenta con una política pública preventiva que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales y las acciones implementadas por el gobierno se han dirigido a la difusión de información. En su oportunidad, la diputada Ana Lilia Herrera sostuvo que el matrimonio infantil es una problemática inmersa en nuestra sociedad, en todos los niveles sociales, pero especialmente en las comunidades más pobres. Explicó que, las propuestas consideran la implementación de medidas afirmativas para niñas, niños y adolescentes que forman parte de comunidades indígenas y de grupos vulnerables con discapacidad en situación de movilidad o en exclusión social, toda vez que estos son los sectores sociales más expuestos a ser utilizados en estas prácticas nocivas.===000=== |
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