En México de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI, existen en México 8 millones de personas con discapacidad; aunque es evidente que este sector social es uno de los que enfrenta mayores carencias sociales, las estadísticas revelan datos aún más graves, de acuerdo con la medición de pobreza desarrollada por CONEVAL en 2020 45 de cada 100 personas con discapacidad tienen algún grado de rezago educativo.

En este contexto, la única opción de educación pública de nivel medio superior para las personas con discapacidad, son los 291 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, que en su número resultan ya insuficientes para cubrir la demanda de este sector social, mismos que cuentan con una plantilla de 1,525 asesores quienes brindan servicios docentes a 23 mil alumnos con discapacidad en toda la República.

Sin embargo, tal como ha sucedido en las decisiones del actual gobierno, la reducción de derechos para las personas con discapacidad, es una constante, que también tiene efectos en los servicios que presta el CAED y en la falta de garantía de los derechos laborales del personal docente, mismo que ha enfrentado un severo rezago en sus pagos de nómina, así como la inseguridad laboral al no contar con contratos y prestaciones laborales.

La Secretaría de Educación Pública ha sido omisa para contratar de manera definitiva y con todas las prestaciones de Ley a los Asesores de CAED, quienes siguen trabajando incluso de manera voluntaria, para continuar su labor docente en favor de los más de 23 mil alumnos, que no tienen otra opción para acceder a este derecho constitucional.

Desde la Cámara de Diputados el Grupo parlamentario del PRI, como representantes de los ciudadanos y de los grupos con mayor vulnerabilidad, debemos exigir a las autoridades que regularicen los pagos y concluyan con los procesos de contratación definitiva de los Asesores de CAED, además de revisar las necesidades administrativas, didácticas y de infraestructura en los 291 planteles de CAED, que operan en México, de modo que se reduzca alto rezago educativo que prevalece en la población con discapacidad.

Finalmente, es prioritario que la Secretaría de Educación Pública entable una mesa de diálogo donde la Comisiones de Grupos Vulnerables y de Educación de la Cámara de Diputados funjan, como interlocutores entre la autoridad educativa federal y la comunidad educativa de CAED, formada por asesores, padres de familia y estudiantes, de modo que establezcan metas y compromisos que atiendan la problemática que actualmente se vive.