- El IPN debe aclarar el destino del dinero público.
- Rubén Gómez Montes de Oca es uno de los responsables de corrupción.
- Se han violado los derechos de la comunidad politécnica.
“El Instituto Politécnico Nacional (IPN) incumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, por lo que deberá aclarar el destino de 216 millones 087 mil 199 pesos”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe sobre el ejercicio de 2021.
“Su director general, Arturo Reyes Sandoval, el titular del Órgano Interno de Control, Alejandro Valencia López; así como el titular del Área de Responsabilidades, Rubén Gómez Montes de Oca, son responsables directos de los atropellos en contra de su comunidad académica y científica en materia de derechos humanos y, ahora se sabe, por presuntos actos graves de corrupción”, dijo el director del colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM)
Su presidente, el abogado Mauricio Santiago Eder expuso que es inaceptable sostener a funcionarios públicos en el IPN que están relacionados con actos de corrupción y algunos por acoso sexual, como es el caso del hoy prófugo Carlos Ruiz Viquez Cuevas, excoordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN; y, al que se suma el de Rubén Gómez Montes de Oca. titular del Área de Responsabilidades del IPN.
El abogado Santiago Eder recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México investigan estas conductas delictivas cometidas a través de una licitación presuntamente simulada y un contrato amañado por parte de servidores públicos del IPN.
Las empresas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI) y Banana Technologies Group adjudicaron la licitación pública de carácter nacional LA-011800001-E158-2021 que se lanzó el 23 de julio de 2021 en la página oficial de CompraNet, debido a que su propuesta conjunta resultó la mejor calificada, sin embargo, “en el camino los propios funcionarios se encargaron de evitar formalizar dicho contrato para evitar pagar los servicios”.
“Esto no sólo se tradujo en acciones de presunta corrupción, sino que dejó al desamparo en materia de telefonía digital a la comunidad politécnica en todo el país a través de internet, situación que vulnera las garantías de miles de alumnos e investigadores del IPN”, expuso.
Funcionarios de la Dirección General de Cómputo y de Comunicaciones del IPN están acusados de violentar el debido proceso de licitación de servicios que se consideran de alta prioridad para la comunidad del recinto de estudios superiores del país.
Dichas compañías, a través del contrato IPN-PS-LICI-020-2021, fueron requeridas para darle mantenimiento -preventivo y correctivo- a la red de infraestructura telefónica digital del instituto, acciones que no se concretaron por anomalías de los servidores públicos al momento de negarles el paso a las instalaciones sin razón jurídica alguna.
Alumnos de educación media, profesional y hasta de postgrado; académicos, investigadores y personal administrativo, quedaron vulnerables en materia de conexión digital, aún con la pandemia por Covid-19, según se desprende de las indagatorias (carpeta 005/221/2021) de la FGR Y PGJ capitalina.
Por este motivo, en caso de que el IPN no logre aclarar el desvío de 216 millones, la SFF tendrá que presentar una nueva denuncia de carácter penal en contra de los propios directivos del IPN por presuntos actos de corrupción en perjuicio de la hacienda pública y del Estado mexicano.
smr 11:58
