El Gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana.

Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención.

Aseguró, inicialmente, que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución.

Pero una ola de protestas que exigen la liberación de Castillo y elecciones inmediatas, la llevaron a proponer adelantar la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023. El Congreso se reunirá en pleno para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo. 

El Gobierno de Boluarte ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades que registraron protestas violentas, como Arequipa e Ica, pero no en todo el territorio. Numerosas carreteras permanecían bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la Policía.

Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte. 

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron un “paro indefinido” para exigir elecciones generales que obligó a suspender del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano. Desde antes del autogolpe, la Fiscalía de Perú investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.  Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001. 

Castillo asegura que la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le acusan de delitos que no cometió y buscaban sacarlo del poder. 

baf 15:48