En Michoacán mueren unas 29 mil personas al año, la mayoría por enfermedades del corazón, diabetes o cáncer, sin embargo la cuarta causa de muerte más común es el homicidio. El pasado martes el INEGI informó que en el estado se cometieron 2,400 homicidios dolosos durante 2020, colocando a Michoacán en el 5° estado con más homicidios en el país solo después de los 5,373 de Guanajuato, los 3,467 de Chihuahua, 3,089 del Estado de México y los 2,964 de Baja California. Es muy posible que la cuenta se quede corta porque no incluye a las personas que hoy se consideran desaparecidas, pero que muy probablemente ya hayan fallecido.
Considerando las diferencias de población que tiene cada estado y para poder comparar los datos, el INEGI calcula la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Bajo este cálculo Michoacán fue el 7° lugar nacional con 50.53 homicidios por cada 100 mil habitantes por debajo de los 95 de Colima, 92 de Chihuahua, 87 de Guanajuato, 78 de Baja California, 76 de Zacatecas y 54 de Sonora. La mejor marca en México fue Yucatán con 3. Para poner en perspectiva estos datos, es importante señalar que la tasa nacional fue de 29 mientras que por ejemplo en Estados Unidos la tasa es de 5 y la de España de 0.6.
Frente a estos datos, la pregunta que nos deberíamos hacer como sociedad es ¿qué tenemos que hacer para tener tasas de homicidio similares a las de Yucatán o a la de España? ¿Es eso imposible? O ¿Hay alguna estrategia que se pudiese implementar para lograr este objetivo?
Quizás podríamos empezar por la impunidad, el Código Penal de Michoacán establece penas muy severas a quien cometa el delito de homicidio 15 a 30 años por homicidio simple, 20 a 50 por homicidio calificado y 20 a 50 por feminicidio, sin embargo, la dureza de las penas no parece inhibir a los criminales. Según cálculos de la organización “Impunidad Cero”, la tasa de impunidad en Michoacán es del 89.5% lo que significa que la abrumadora mayoría de quienes cometen este delito no son procesados ni sentenciados por privar dolosamente a una persona de la vida. Dicho en otras palabras, les sale muy barato matar a alguien. En España por ejemplo, el 93,87% de los homicidios se esclarecen y el culpable es procesado y sentenciado, en Estados Unidos el 64.1%.
Parafraseando a Cesare Beccaria el gran penalista de la Ilustración, lo importante no es la dureza de la pena sino su cabal cumplimiento, ¿de qué sirven penas muy duras si la mayoría de los homicidas quedan impunes? Tal vez valdría la pena aventurar la hipótesis de que una disminución de la impunidad tendría un efecto positivo en la disminución de los homicidios porque encarecería – por decirlo así – la vida de las personas y probablemente esto inhibiría la comisión de este delito porque muchos criminales sabrían que REALMENTE matar a alguien les podría costar que pasaran el resto de su vida en la cárcel.
Frente a este escenario, en octubre de 2019 se creó al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, al principio con 13 personas y ahora -según el informe de la FGE – con 162 entre ministerios públicos, policías investigadores y peritos, esto permitió que en 2020 se iniciarían 1,997 carpetas de investigación (ósea investigaciones) por homicidio doloso que equivale a un aumento del 19.9% frente a 2019.
Sin embargo, los resultados de este esfuerzo todavía tiene muchas áreas de oportunidad, según el informe anual del Poder Judicial de Michoacán en 2020 se dictaron apenas 217 sentencias condenatorias (en 2019, 416) sin especificar cuantas exactamente fueron por homicidio doloso y cuantas por otros delitos. Refinar estos datos es una tarea pendiente.
Para implementar una política pública exitosa, es indispensable definir con claridad el objetivo y establecer una meta. Por ejemplo, si Michoacán quisiera tener la misma tasa de homicidios que Estados Unidos (5 por cada 100 mil habitantes) en lugar de cometerse 2,400 homicidios al año tendríamos que reducir ese número a un poco menos de 250 homicidios al año. Si quisiéramos alcanzar a España (0.6 por cada 100 mil habitantes) tendríamos que reducirlo a unos 60 homicidios al año. Nuestro meta serían 250 o 60 respectivamente.
La brecha parece demasiado grande y el objetivo ambicioso, pero hacer esta reducción es una meta ineludible.
¿Cuál política pública podría aplicarse para reducir este número de homicidios? Quizás podríamos empezar señalando que el homicidio doloso “no es una fenómeno de la naturaleza” sino es producto de un hecho y de una intención humana. Por ello de manera superficial sabemos que si en promedio cada homicidio fue cometido por una sola persona, en Michoacán habría 2,400 asesinos (si cometieron dos homicidios entonces habría 1,200, si cometieron tres, habría 800, etc.) dicho de otra manera, en un Estado de 4.7 millones de habitantes apenas el .05% de la población o quizás menos, son asesinos y tienen a Michoacán en esta crisis de homicidio doloso.
