La seguridad pública no es una prioridad para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Así lo demuestra el magro presupuesto para policías civiles de los estados para 2025. 

Por Jorge Cano (@Jorge_eCano) | Programa de Gasto Público

La seguridad pública no es una prioridad para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Así lo demuestra el magro estimado de costos en policías civiles de las entidades federativas, que ya ha sido aprobado para 2025. 

Para el siguiente año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempla sólo 1,120 millones de pesos (mdp) en apoyos a los cuerpos de seguridad municipales a través del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). Esta cifra es 93.2% inferior a lo logrado en 2013, cuando existían otros programas, lo que equivale a 15.3 mil millones de pesos menos (mmdp) para la seguridad local. 

No hay que olvidar que los policías locales desempeñan un papel fundamental en el combate a la inseguridad, ya que son la primera línea de contacto entre las autoridades y la ciudadanía. Cuando funcionan adecuadamente, los cuerpos de seguridad locales tienen ventajas sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional: conocen mejor el entorno, son más próximos a la comunidad y tienen mayor capacidad para prevenir, atender y responder a situaciones de violencia y delito. Contar con policías locales fuertes es un requisito indispensable para recuperar la paz en el país.  

Cuando la seguridad sí era importante en el presupuesto

El mejor momento en cuanto a apoyos al fortalecimiento de los policías locales fue hace más de una década: en 2013. Entonces existían tres programas enfocados a la materia: el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).

Cada uno de estos programas perseguía objetivos muy particulares. Por ejemplo, el Subsemun se enfocaba en la profesionalización de policías, así como en la adquisición de tecnología y equipamiento. En su periodo de auge, llegó a beneficiar hasta 280 municipios de altos índices delictivos. 

El SPA, por su parte, entregaba recursos a los gobiernos estatales con el objetivo de crear el Mando Único Policial, es decir, la unificación de los policías municipales bajo un mando estatal. Aunque este plan fue criticado por limitar la autonomía municipal, tuvo la virtud de mejorar las capacidades de coordinación estatales y la unificación de estrategias policiacas. 

Finalmente, se contaba con el Pronafed, que transfería recursos a las entidades para reducir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, con un enfoque en grupos vulnerables y de prevención. 

En su conjunto, los tres programas anteriores llegaron a aportar 16.4 mmdp a las entidades federativas en 2013. La estrategia de seguridad reflejada en esos programas era superior, no sólo por el mejor presupuesto —15 veces mayor al Fofisp para 2025— sino por la aplicación de los recursos. Tanto el Fortamun como el Pronafed se focalizaban en los municipios de mayor criminalidad o marginación. Por el contrario, el Fofisp se entrega a todos los municipios por igual, lo cual diluye su impacto. 

¿Qué ha ocasionado la debilidad de las policías civiles?

Por más de una década, el Gobierno federal ha justificado el uso del Ejército y la Marina en la seguridad pública como una estrategia temporal, necesaria, según su argumento, dada la debilidad de los cuerpos policiales civiles. No obstante, la administración federal también ha eliminado el financiamiento de la estrategia de fortalecimiento de la policía civil, particularmente en las instancias municipales, lo que apunta en los hechos a perpetuar la militarización del país. 

Peor aún, para el siguiente año las Fuerzas Armadas también recibirán un recorte de 12% o 16.7 mmdp en su presupuesto enfocado a la Seguridad Nacional. Es decir, sin contabilizar otros gastos no relacionados con la función militar como la construcción del Tren Maya. 

Tanto el ejército como las policías civiles empezarán debilitadas en el sexenio de Claudia Sheinbaum: un mal augurio para afrontar el problema de la criminalidad.

baf