Juan Carlos Vega Solórzano
Para nadie es un secreto que la llegada al poder de los partidos políticos en el Congreso de Michoacán, consiguiendo mayorías mediante alianzas generan acuerdos políticos, convenios verbales y obligaciones compartidas bajo el cobijo de la palabra y los valores entendidos que los dirigentes convienen, siempre según sus intereses y siempre en la búsqueda de posiciones y la consecuente adquisición de cada vez mayor poder. Así siempre ha sido y no debe de asustarnos. Cada trienio y cada sexenio existen sacudidas de personal administrativo, relevos institucionales y bajas de personal que por una u otra razón ya han cumplido su ciclo. Es natural y hasta cierto punto comprensible.
Lo que no es comprensible, es que esos cambios, bajas de personal y/o relevos institucionales se ejecuten de forma burda, absurda, sin ton ni son, sin control ni sentido alguno, con altos niveles de improvisación y prisa.
La llegada al poder de Morena y aliados en el Congreso de Michoacán ha hecho de esta costumbre administrativa un compendio de sinsentidos, improvisaciones y pago de favores políticos a personas y personajes que ni remotamente cuentan con las calificaciones, experiencia, conocimiento y trayectoria para ocupar ciertas posiciones. Este pago de favores conlleva inherentemente a conseguirle “chamba” a amigos, amigas, compromisos, colaboradores de campaña y familiares.
La importante Unidad de Evaluación y Control del H. Congreso de Michoacán, institución que se encarga, entre otras funciones, de recibir e investigar las quejas y denuncias que se promueven en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), con motivo del presunto incumplimiento de las obligaciones previstas, se ha convertido en la pista de aterrizaje de 42 personas que por acuerdo, por “avorazamiento” político, han llegado a esta dependencia sin conocer qué es lo que tienen que hacer, ni cómo lo tienen que hacer. Simplemente les instruyeron que se presentaran a trabajar y de esa forma, desmantelando el 100%, sí, el 100% de la Unidad de Evaluación y Control nombrándolos por seis años con un acuerdo improvisado y tirando por la borda más de cinco años de conocimiento y experiencia de funcionarios y empleados de la Unidad.
Debido a que la misión de la Unidad de Evaluación y Control, es la de apoyar a la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán en la revisión de la función fiscalizadora y del desempeño de la Auditoria Superior de Michoacán, mediante la valoración y análisis de los productos derivados de la evaluación de la Cuenta Pública, así como vigilar que sus servidores públicos cumplan con el marco jurídico aplicable; sus operaciones, estrategias y procesos son altamente técnicos, que deben ser ejecutados por personal que si bien no cuenta con la preparación, sí cuente con la experiencia y sepa que hacer, y que no llegue a aprender, porque ante todo, se encuentra la confianza y credibilidad de las y los michoacanos en sus instituciones y máxime si estas tratan de políticas y estrategias de vigilancia del proceder de los servidores públicos de una institución tan trascendente como lo es la Auditoría Superior de Michoacán y que pretende disminuir los niveles de faltas administrativas y prevenir hechos de corrupción e impunidad.
Lo cierto es que vivimos tiempos políticos aciagos en México y en Michoacán, donde la víscera política pretende sustituir la técnica, la experiencia y los debidos procesos.
La Unidad de Evaluación y Control no debe convertirse en pista de aterrizaje para aviadores, y mucho menos para dar cabida a otrora funcionarios de peso influencia como la exdiputada local Seyra Anaid Alemán, quien ostenta la inventada posición de Secretario de Titular.
No debe de convertirse en reducto de ignorancia ni ignorantes, con el desconocimiento subsecuente de las facultades y de pago de favores.
El alto nivel técnico, de especialización y conocimientos de las leyes y normas como lo son la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, requiere de continuidad en personal y procedimientos. Relevos institucionales del titular y algunas posiciones de confianza son aceptables e incluso necesarias, pero el relevo del 100% del personal se percibe absurdo y sospechoso. De hecho, no hay antecedentes de un relevo total en el personal de una dependencia de la administración pública municipal ni estatal en Michoacán.
¿Hasta cuándo los ciudadanos seguiremos tolerando, consintiendo y permitiendo que las cúpulas partidistas intervengan a su antojo en las estructuras institucionales que sostienen el ya de por sí mancillado andamiaje institucional de nuestro Michoacán?
baf
