Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, encabezados por el coordinador Rubén Moreira, advirtieron sobre una ofensiva silenciosa desde la autoridad tributaria que ha derivado en la revocación de la calidad de donatarias autorizadas a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, bajo el argumento de presuntas “fallas administrativas”.
Desde la Tribuna y a nombre de la bancada del PRI, la legisladora Graciela Ortiz González señaló que esta práctica no constituye un simple error burocrático, sino una aplicación selectiva y restrictiva de la norma que, en los hechos, asfixia financieramente a organizaciones que desempeñan una función clave en la evaluación de políticas públicas, la rendición de cuentas y el equilibrio democrático.
“El argumento del Sistema de Administración Tributaria es tan técnico como perverso: se exige a las organizaciones acreditar que sus investigaciones son ‘científicas’, bajo parámetros de una legislación reciente que no define con claridad criterios, procesos ni indicadores aplicables a la investigación social”, afirmó.
La diputada explicó que organizaciones con amplia trayectoria en el análisis del gasto público, la evaluación de políticas y la vigilancia institucional están siendo tratadas como entidades con fines de lucro. De acuerdo con estimaciones del propio sector, México cuenta con más de 9 mil donatarias autorizadas, de las cuales un número creciente enfrenta procesos de cancelación o revisión que comprometen su operación.
Subrayó que aquellas organizaciones que no logren recuperar su autorización en un plazo de doce meses están obligadas a transferir la totalidad de su patrimonio a otra entidad autorizada, lo que implica no solo una sanción administrativa, sino una medida estructural que pone en riesgo su existencia misma.
La congresista del PRI enfatizó que este escenario resulta especialmente preocupante tras la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, ocurrida el 17 de julio de 2025, lo que ha dejado un vacío en la evaluación independiente de la política social. “Hoy, las organizaciones civiles representan uno de los últimos contrapesos técnicos con evidencia objetiva. Al debilitarlas, no se busca recaudar más, sino evitar la evaluación externa”, sostuvo.
Asimismo, denunció la aparente disparidad en la actuación de la autoridad fiscal. Mientras organizaciones críticas enfrentan obstáculos prolongados, existen casos de asociaciones que han obtenido su registro en procesos acelerados y atípicos, lo que erosiona la confianza en la imparcialidad institucional.
Ante este contexto, la diputada Graciela Ortiz presentó una iniciativa de reforma a la fracción XI del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con tres objetivos centrales: reconocer explícitamente la evaluación de políticas públicas y la investigación social aplicada como actividades científicas elegibles para ser donatarias autorizadas.
También plantea ampliar en dicha ley la definición de “investigación científica”, incluyendo el análisis sistémico de la realidad social y el combate a la corrupción, más allá del ámbito tecnológico o de laboratorio, así como establecer criterios claros, objetivos y no discrecionales para la acreditación técnica, vinculándolos al Sistema Nacional de Información.
“La democracia no termina en las urnas; se fortalece todos los días con vigilancia, evidencia y participación ciudadana. En el PRI defendemos una sociedad civil fuerte, crítica y libre, como pilar fundamental de la democracia en México”, concluyó.
AC
