ALBERTO GUERRERO BAENA
Por qué tu limón financia la violencia en Michoacán.
Cada kilo de limón que llega a tu mesa pagó entre uno y tres pesos de “impuesto criminal”. Los productores más vulnerables cargan con el costo de un sistema de extorsión que genera millones mensuales para grupos armados.
El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón de Apatzingán, no es solo un homicidio más en las estadísticas de violencia en Michoacán. Es la evidencia más cruda de que los compromisos gubernamentales en materia de seguridad pueden quedar reducidos a palabras bonitas en un documento, mientras en el terreno los grupos criminales siguen operando con impunidad. Y lo más preocupante: tenemos la prueba de que cuando el gobierno federal se lo propone, sí puede lograr resultados contundentes.
El compromiso que nunca llegó
Antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el cargo, su gabinete de seguridad presentó un documento específico titulado “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días”, donde se identificaba con claridad meridiana la extorsión a productores de limón en Michoacán como un asunto de alta relevancia. Se mencionaban municipios concretos: Nueva Italia, Antúnez, Buena Vista, Tepalcatepec, Aguililla y, por supuesto, Apatzingán. El documento era claro, el diagnóstico era preciso, las intenciones parecían genuinas.
Sin embargo, la realidad en tierra caliente cuenta otra historia. Estos municipios no solo enfrentan extorsión sistemática: son territorios donde la autoridad estatal simplemente no entra. Buenavista Tomatlán, Antúnez y Apatzingán operan bajo una lógica de gobernanza criminal donde los grupos armados ejercen control territorial efectivo. Las autoridades municipales funcionan con permisos tácitos del crimen organizado, y las fuerzas de seguridad estatales evitan adentrarse en zonas de conflicto activo. El Estado mexicano no está ausente por accidente: ha cedido el terreno.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la inacción persiste? Una hipótesis incómoda es que las autoridades reconocen que retomar estos territorios requiere un nivel de confrontación armada y desgaste político que no están dispuestas a asumir. Otra posibilidad es que existen componentes de gobernanza criminal tan profundos que intervenir significaría enfrentar no solo a grupos armados, sino también a redes de complicidad que atraviesan instituciones locales. Lo que es indiscutible es que entre septiembre de 2024 y enero de 2025, mientras transcurrían esos famosos 100 días prioritarios, la situación en estos municipios no mejoró un ápice.
La economía criminal del limón y sus víctimas
Para entender la magnitud del problema, hay que explicar cómo funciona el sistema de “impuesto criminal” que opera en el valle de Apatzingán y los municipios circundantes. No se trata de una sola organización criminal cobrando extorsión: son múltiples grupos que han dividido el ciclo productivo del limón como si fuera un negocio legítimo. En cada etapa—producción, corte, empaque, distribución—hay quien cobra su cuota. Algunos productores identifican hasta cinco organizaciones criminales diferentes: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Tepalcatepec.
El cobro va de uno a tres pesos por kilo de limón cortado. Parece poco, pero cuando se multiplica por la producción masiva de la región, estamos hablando de millones de pesos mensuales que alimentan directamente la capacidad operativa de estos grupos. Este dinero financia armas, sicarios, corrupción de autoridades locales y la guerra territorial entre facciones.
Pero aquí está el problema estructural más grave: el eslabón más débil de toda esta cadena son precisamente los productores pequeños y medianos, y los cortadores que trabajan a destajo
Todo esto existía como posibilidad en Michoacán. Los grupos criminales que extorsionan a los limoneros tienen nombres, estructuras conocidas, líderes identificados. Incluso tras el asesinato de Bravo, las autoridades lograron detener rápidamente a Rigoberto “N”, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas. La capacidad operativa existe. Lo que falta es la decisión de aplicarla de manera sistemática y preventiva, no solo como respuesta reactiva a homicidios que ya concentran atención mediática.
El camino hacia adelante
Resolver el problema de Michoacán requiere ir más allá de la reactividad operativa. Necesitamos una estrategia integral que combine cuatro elementos:
1) Recuperación territorial efectiva en Buenavista Tomatlán, Antúnez y Apatzingán. No se trata de presencia militar temporal, sino de retomar el control del Estado de manera permanente. Esto implica enfrentar la realidad de que algunos territorios están efectivamente bajo control criminal y que recuperarlos requiere una estrategia de mediano plazo que combine seguridad, justicia y desarrollo económico.
2) Despliegue de inteligencia financiera para rastrear los flujos económicos derivados de la extorsión. Si sabemos que millones de pesos se mueven mensualmente por este “impuesto criminal”, debemos seguir el dinero. ¿A qué cuentas llega? ¿Qué activos financian? ¿Quiénes son los operadores financieros de estos grupos? La inteligencia financiera ha sido fundamental en el combate al crimen organizado en otros países; en México sigue siendo una herramienta subutilizada.
3) Protección económica para el eslabón más débil de la cadena. Esto podría incluir esquemas de compra garantizada del gobierno federal que eliminen la necesidad de que los pequeños productores y cortadores negocien directamente con intermediarios potencialmente vinculados al crimen organizado. Si rompemos la dependencia económica, reducimos la vulnerabilidad a la extorsión.
4) Operaciones coordinadas tipo Enjambre enfocadas en desarticular las redes de complicidad institucional en Michoacán. No basta con detener sicarios; hay que ir tras quienes facilitan desde posiciones de autoridad la operación criminal.
El asesinato de Bernardo Bravo nos obliga a preguntarnos si los compromisos presidenciales son genuinos o solo ejercicios de relaciones públicas. La respuesta no está en las palabras, está en las acciones. Michoacán sigue esperando.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
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