Vivimos en un país terriblemente violento donde el gobierno federal promueve la impunidad, el odio, engaño y la división de la sociedad, y ahora con la adicción a la Ley de Amnistía atenta contra el dolor de las familias que claman justicia por haber sufrido algún acto o pérdida por la delincuencia en México, aseguraron los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, que encabeza el coordinador Rubén Moreira.

Desde la Tribuna, los diputados federales María del Refugio “Cuquis” Camarena, Blanca Alcalá y Víctor Manuel Galicia lamentaron que el gobierno no enfrente al crimen organizado y, en cambio, con su postura frágil lo fortalezca. Consideraron contraproducente adicionar un artículo 9 para permitir que el Ejecutivo Federal pueda otorgar el beneficio de la Amnistía directa sin sujetarse a los procedimientos previstos en la propia ley.

Al posicionar a nombre de la bancada priista, Cuquis Camarena expuso que Morena ya no solo quiere dar abrazos a los delincuentes sino otorgarles impunidad por la vía del autoritarismo presidencial. Sentenció que está administración será recordada por querer imponer una procuración de justicia endeble, raquítica y comparsa.

“En México, los delitos que no se castigan por esta impunidad son los homicidios dolosos, los feminicidios, el abuso sexual, las desapariciones y los secuestros”, sostuvo para después subrayar es tan grave la realidad que vivimos que somos el sexto país más violento del mundo y el número uno en América Latina.

Tras recordar que el 61 por ciento de los mexicanos consideran que su ciudad es insegura, manifestó que el PRI siempre será firme defensor de la justicia, la paz, la seguridad, la legalidad y la estabilidad, por lo que votaran en contra de la adición arbitraria a la Ley de Amnistía.

En su oportunidad, la diputada federal Blanca Alcalá criticó que esta reforma vulnere el principio de justicia de las víctimas, al extinguirse las sanciones penales y sanciones impuestas. Afirmó que las personas ya no tendrán que reparar el daño a las víctimas y los bienes que sean producto del delito.

Acusó que además se podrá concluir el proceso penal a voluntad del presidente de manera directa, un mecanismo que no tendrá supervisión alguna, mucho menos control de la impartición de justicia será la decisión presidencial, quien podrá afectar los derechos de terceros, de víctimas u ofendidos.

“Buscan una presidencia sin límites que representa una amenaza real de cara al relevo constitucional”, remarcó.

El legislador Víctor Manuel Galicia afirmó que esta propuesta pretende proteger a quienes han tenido señalamientos de corrupción y tráfico de influencias. Puntualizó que no existen razones de peso para que una persona sentenciada o bajo proceso penal reciba un perdón presidencial por sus delitos.

En entrevista, el coordinador Rubén Moreira precisó que la ley original de Amnistía, que se votó en 2020, era buena. La de hoy, dijo, solo tiene perversión pues viola los derechos humanos y premia a los delincuentes.

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