Organizan en el recinto legislativo foro “El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (C190). Reformas legislativas pendientes”
Durante el foro “El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (C190). Reformas legislativas pendientes”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, participaron integrantes del Poder Legislativo, del sector empresarial, de sindicatos y de organizaciones de la sociedad civil, quienes coincidieron en la urgencia de fortalecer la legislación para erradicar el acoso y la violencia laboral.
Durante el diálogo, la senadora Patricia Mercado Castro aseveró que existe un importante camino avanzado en contra de la violencia y el acoso en el mundo laboral, pero también hace falta un trecho importante para erradicarla.
La también presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara indicó que el caso de Andrés Roemer es un ejemplo de la necesidad de que avance en la colegisladora el paquete de reformas que aprobó el Senado para prevenir, sancionar y reparar el daño en casos de violencia y acoso laboral.
Además, puntualizó la legisladora de Movimiento Ciudadano, legislar en esta materia es un compromiso que México adquirió al ratificar el Convenio 190 de la OIT, apenas el año pasado.
Patricia Mercado denunció que el pacto patriarcal aún se mantiene en el mundo laboral, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada 45 minutos hay una mujer que renuncia a su trabajo por acoso y violencia; “eso es absolutamente injusto, que alguien se quede sin trabajo porque no hay nadie que la defienda”, denunció.
El senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena, denunció que las mujeres que denuncian acoso laboral suelen ser presionadas hasta el punto en el que prefieren renunciar, de ahí la importancia del Convenio 190 de la OIT y de reforzar la legislación en la materia.
Además, enfatizó que se debe atender también el acoso escolar, ya que existen pocos mecanismos para defender a las mujeres que denuncian violencia sexual por parte de profesores, lo que provoca que no avancen las denuncias, especialmente cuando los maestros tienen prestigio.
Por ello, el legislador pidió adoptar un enfoque inclusivo para prevenir estos actos, el cual prohíba legalmente la violencia y el acoso laboral, adopte una estrategia integral que incluya medidas para prevenir y castigar estas acciones, establezca mecanismos de acompañamiento y garantice la reparación del daño.
En tanto, Gerson Martínez, especialista en Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordó que las personas tienen el derecho a trabajar en espacios libres de violencia y acoso, por lo que el Estado mexicano, que firmó el Convenio 190, debe redoblar esfuerzos para romper con las prácticas nocivas que vulneran la convivencia en los centros laborales.
A su vez, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), afirmó que no basta con reformar las leyes en materia laboral, sino inhibir estas acciones mediante la atención a las víctimas y la reparación del daño, lo que se puede lograr al endurecer las penas contra estos delitos.
Por su parte, Leonor Quiroz Carrillo, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex Nacional y directora de Relaciones con Gobierno de PepsiCo México, señaló que las empresas no pueden garantizar que no haya violencia, pero si pueden hacer que haya una debida diligencia con medidas de protección, así como un mecanismo eficiente para atender y arropar a la víctima, además de castigar a las personas responsables.
Claudia Aguilar Barroso, fundadora de la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica, sostuvo que es indispensable adecuar el marco normativo e impulsar un cambio de cultura empresarial mediante capacitación obligatoria e instauración de mecanismos internos de investigación, así como establecer una reparación integral del daño.
La directora en el área de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Maricela Contreras Julián, subrayó que el derecho a un trabajo
digno y libre de violencia debe abonar a la convivencia armónica y al bienestar en espacios laborales, por lo que desde la SEP buscan educar desde la primera infancia para evitar que se normalicen las malas conductas
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