Ante la escalada de actos de violencia que se viven en diversos puntos del país, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» hizo un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación (Segob), que dirige Luisa María Alcalde Luján, instándole a “asumir una responsabilidad directa en la protección de los derechos humanos de los aspirantes a cargos públicos en el país”.
“El proceso electoral que ya está en curso, que repartirá más de 20 mil cargos de elección popular, ha convocado a más de 40 mil personas interesadas en participar en algún puesto electoral, que podrían correr el riesgo de ser atacados, amenazados, secuestrados o asesinados por grupos delincuenciales”, afirmó el GIDH.
Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, resaltó la grave crisis en la violación de garantías individuales en México, particularmente afectando a grupos vulnerables como migrantes, personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, indígenas, comunicadores y menores en los últimos años; ahora se suman las personas interesadas en lograr algún puesto de elección popular.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que durante la pasada jornada electoral intermedia de 2021 fueron asesinados, por lo menos, 90 personas que aspiraban a un puesto de elección popular.
“Es una situación que en los últimos meses se ha agravado, hay brotes sistemáticos de violencia de grupos criminales en Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Colima, Durango, estado de México, ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, sólo por citar a las entidades más inestables”, explicó.
El doctor en derecho agregó que instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han recomendado a México garantizar el proceso electoral en curso, ya que habrá más de 98 millones de personas interesadas en emitir su derecho a elegir a sus próximos gobernantes, entre ellos, al relevo en la Presidencia de la República.
“Diversas organizaciones que velan por los derechos humanos en México y América Latina estamos sumamente preocupados porque la presente jornada electoral en México manifiesta muchos brotes de violencia sistemática.
“En casos pasados, se ha acreditado que los grupos criminales han influido para tener candidatos a modo, y más tarde, gobernantes que influyen para la libre acción de acciones ilegales, entre ellas, el narcotráfico y la trata de personas”, expuso.
Recordó que gracias al colectivo de hackers “Guacamaya”, se pudo acreditar con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, casos donde grupos criminales en Hidalgo y el estado de México influyeron para colocar a candidatos a modo; ya electos como gobernantes en municipios y las propias entidades federativas, han operado, al omitir acciones para contrarrestar las actividades ilegales y criminales que generan millones de dólares de ganancia de manera ilegal, a favor de los delincuentes.
“Es urgente que la Segob coordine acciones con las autoridades militares que realizan acciones policiales en todo el país para que garanticen una elección totalmente democrática fuera de los tentáculos de los grupos criminales y de los millones de dólares que obtienen por acciones como la producción, trasiego y venta de drogas; así como la trata de personas, principalmente mujeres infantes o adolescentes”, expuso.
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