La diputada federal Leticia Barrera Maldonado advirtió que, pese a que el Gobierno Federal asegura que el programa de acopio de frijol está concluido y en funcionamiento, la realidad es distinta: las cosechas no están siendo recibidas en los centros de acopio, particularmente en el municipio de Poanas, donde se registra la menor captación.
La también presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria denunció que este problema es recurrente y que, además de presuntos actos de corrupción en los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar, existe una marcada desatención hacia los productores, quienes han quedado en desventaja frente a los intermediarios, principales beneficiados del sistema actual.
“Hoy los productores de Durango nos expresan su preocupación porque sus cosechas no están siendo recibidas. Es indispensable atender esta problemática y garantizar un trato justo para quienes trabajan la tierra”, subrayó en conferencia de prensa.
La legisladora señaló que los campesinos continúan siendo los grandes perdedores del presupuesto federal, al recordar que existe una deuda histórica con el campo mexicano. Aunque se aprobaron 18 mil millones de pesos para fertilizantes, la producción agrícola sigue cayendo y México ocupa el primer lugar mundial en importación de granos, reflejo —afirmó— de la ineficiencia del Gobierno Federal y del sistema de Alimentación para el Bienestar.
Denunció además que los precios de garantía fijados por el propio gobierno no han beneficiado a los productores, quienes reciben apenas ocho pesos por kilo de frijol, monto insuficiente para cubrir sus costos de producción. A esto se suma la falta de financiamiento, seguro catastrófico y acompañamiento técnico, lo que, dijo, los deja en completo abandono.
Subrayó que desde hace 10 años el presupuesto para el campo se mantiene sin incrementos reales, mientras instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sido debilitadas y hoy operan con limitaciones para atender a los productores.
En el encuentro también participó Antonio Morales, líder de la Liga de Comunidades Agrarias, quien denunció que el sistema de acopio acordado entre la presidenta de México y el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, fue “pervertido y contaminado” por funcionarios federales.
Señaló que, pese al compromiso de acopiar 40 mil toneladas de frijol de las cerca de 160 mil producidas en el estado, los 27 centros de acopio permanecen saturados con cosechas de 2024, debido a la falta de distribución en tiendas Diconsa y la ausencia de subastas nacionales e internacionales.
El dirigente acusó que el Gobierno Federal y el sistema de Alimentación para el Bienestar se han convertido en los “principales coyotes” de los campesinos, al subastar 80 mil toneladas de frijol a ocho pesos, afectando directamente a los productores. Ante ello, anunció que más de 300 campesinos de Durango tomarán de manera indefinida las oficinas de Alimentación para el Bienestar en la Ciudad de México.
Por su parte, el diputado federal Arturo Yáñez denunció que el Gobierno Federal continúa engañando a los campesinos de Durango con discursos que no se reflejan en acciones concretas. Recordó que en 2024 los productores enfrentaron retrasos de hasta tres meses en los pagos de Seguridad Alimentaria Mexicana, situación que —aseguró— se repite desde 2018.
Criticó que, aunque se anuncian precios de garantía atractivos, la capacidad de almacenamiento y acopio es limitada, lo que impide que los productores se beneficien realmente.
“Es una burla lo que hace el Gobierno Federal y no nos vamos a quedar callados. Si no hay respuesta, llevaremos este reclamo a la máxima tribuna del país para que se entienda que con los campesinos no se juega”, afirmó.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reiteró su compromiso de atender a los productores del campo mexicano, al subrayar que “el campo no tiene color” y debe ser una causa común para garantizar la seguridad alimentaria del país.
VC
