La corrupción e impunidad son dos de los lastres que condenan a nuestro país a la violencia y a la delincuencia.

El sistema de seguridad y justicia  es, en muchos aspectos, corrupto y clasista, dejando a las víctimas de la violencia y la criminalidad desamparadas en un laberinto de ineficiencia.

Sin embargo, el impulso a la reforma al poder judicial federal, de origen motivada por que al presidente Obrador, la Corte no le aprobo sus reformas, por lo que la reforma  en cuestión suena más a una venganza que a un verdadero interes por combatir la corrupción, que continua  generalizada y sistematica en los tres poderes del Estado Mexicano.

En el acto de la conmemoración de los 200 años de la Instalación del Poder Judicial de Michoacán,  el mandatario estatal Ramírez Bedolla anuncio que la reforma federal al poder judicial será replicada en Michoacán, en donde también se integrará la elección popular de jueces y magistrados.

Más aún a varios reporteros les manifesto su idea de que  fiscales también sean elegidos por voto popular, de igual forma de incorporar los jurados compuestos por ciudadanos, pues “el pueblo tiene que estar presente” señalo.

Aunque, en teoría, la idea de que el pueblo debe estar presente en la justicia puede parecer una medida democrática y empoderadora, en realidad es una propuesta demagógica que podría poner en peligro la imparcialidad y la efectividad del sistema judicial.

En un estado donde la intimidación y la corrupción son realidades cotidianas, la idea de que jurados populares puedan emitir veredictos justos sin estar sujetos a presiones es, en el mejor de los casos, ingenua.

Es fácil ver cómo un discurso que promueve la “democratización” de la justicia puede resonar en un contexto donde las instituciones están desacreditadas y la desconfianza en el sistema es alta.

Todos estamos a favor de una reforma judicial, pero, la verdadera democratización de la justicia no se logra a través de la demagogia, sino mediante la implementación de reformas que fortalezcan la independencia judicial, garanticen la transparencia y aseguren que los funcionarios sean seleccionados por su mérito y no por su popularidad.

Las reformas para combatir la corrupción en Michoacán deben abarcar los tres poderes del estado, ya que la falta de transparencia y la opacidad en el manejo de los recursos públicos han sido problemas persistentes. Es crucial eliminar la “burocracia partidista” del ejecutivo, que facilita prácticas corruptas como moches, licitaciones a modo y sobreprecios. Además, es necesario evaluar el impacto real de los programas gubernamentales en la calidad de vida de los ciudadanos y abordar la discrepancia entre los sueldos de los funcionarios y su nivel de vida, ya que esto refleja un problema significativo de corrupción en el ejecutivo y legislativo del estado.

La próxima legislatura estará dominada por Morena, la aprobación de la reforma populista al poder judicial en Michoacán parece inevitable. Sin embargo, esta situación plantea una pregunta crítica: ¿por qué transferir el poder de nombrar jueces y fiscales a un proceso popular cuando el ejecutivo aún enfrenta serios problemas de transparencia y rendición de cuentas? La urgencia de abordar estas deficiencias en el ejecutivo no puede ser subestimada.

Es imperativo que cualquier reforma que busque mejorar el sistema judicial se base en un gobierno limpio y transparente, que actúe como ejemplo en lugar de replicar las mismas fallas. La verdadera justicia y equidad solo se lograrán cuando todos los poderes del estado actúen con integridad y responsabilidad, no cuando el poder judicial sea el único en el foco de las reformas mientras persisten problemas profundos en el ejecutivo. La reforma judicial no debe ser una cortina de humo para ocultar los problemas sistémicos que continúan debilitando la confianza pública en las instituciones.

CCC 15:31

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