La diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado presentó a la Cámara de Diputados dos iniciativas con penas más severas para defender a los menores de edad del riesgo que corren de ser víctimas de la pederastia y el turismo sexual infantil, para lo cual propone se reformen los artículos 209 Bis y 203 del Código Penal Federal, respectivamente.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI fundamentó que el delito de pederastia constituye una grave violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes; además, subrayó, implicarlos en actividades sexuales cuando todavía no comprenden o no están preparados para asimilar les genera traumas psicológicos.

Por ello planteó en su reforma al artículo 209 Bis aplicar de veinticinco a cuarenta años de prisión y de tres mil a cinco mil quinientos días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años.

Precisó que esto derivado de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

Aguirre Maldonado indicó que el abuso sexual a menores es un delito que ha afectado a más de 120 millones a escala global en la última década y, en México, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estiman que la tasa de prevalencia es de 5 mil 89 casos por cada cien mil habitantes, donde la edad promedio de las víctimas es de 5 a 7 años, y el 77 por ciento son mujeres.

En su proyecto de ley sobre el turismo sexual infantil, la legisladora priista argumentó que este delito se ha incrementado en los últimos años al grado de que México ya es considerado como “El Bangkok de Latinoamérica”, porque se calcula que 20 mil menores han sido víctimas. Mencionó que además es el principal proveedor de infantes a Estados Unidos y que cada año 20 mil niñas y niños son secuestrados para después obligarlos a ejercer el trabajo sexual.

Por esta razón, propone reformar el artículo 203 para quien cometa el delito de turismo sexual donde promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del país con la finalidad de realizar cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, con o sin su consentimiento, se le impondrá una pena de 12 a 20 años de prisión y de 2 mil a 4 mil 500 días multa.

La diputada neoleonesa sostuvo que el movimiento de este mercado lleva a los explotadores sexuales a ser parte de complejas redes nacionales e internacionales que utilizan internet para difundir información sobre los sitios ideales para este tipo de actividad y cómo planear el viaje.

Puntualizó que según la Organización Internacional para la Migración (OIM), cada año se producen más 600 millones de viajes turísticos internacionales, donde en el 20 por ciento el sexo es buscado por los turistas, de los cuales un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas; es decir, tres millones de personas que viajan por el mundo buscan sexo con menores de edad.

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