Por unanimidad, con 90 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México e Islandia, hecho en Copenhague el 29 de noviembre de 2021, y su Anexo que establece el marco jurídico que regula las operaciones aéreas entre ambos países, de acuerdo con las necesidades actuales sobre conectividad aérea.
Lo anterior, coadyuvará al fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores turísticos, comerciales, de negocios y en general, de la economía nacional.
Esta herramienta también busca promover las relaciones en el ámbito de la aviación civil, facilitar la expansión de las oportunidades de los servicios aéreos internacionales y garantizar el más alto grado de seguridad en este rubro.
Dicho Acuerdo, que se remitió al Ejecutivo federal, otorgará a cada una de las partes el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar en éste y el derecho de realizar escalas en el territorio de la otra Parte con fines no comerciales.
Para la aplicación de este instrumento, cada parte designará una o más líneas aéreas para operar los servicios convenidos en las rutas especificadas, así como a retirar o modificar dichas designaciones, que se harán por escrito, a través de la vía diplomática.
También se establece el derecho de revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación o permisos técnicos de una línea aérea designada por la otra parte, en los supuestos específicos establecidos en este Acuerdo, o cuando tengan motivos razonables para creer que se están vulnerando las disposiciones sobre seguridad de la aviación.
En caso de que se presente alguna controversia que pudieran deriva de su interpretación o aplicación, se procurará solucionarla, en primera instancia, mediante consultas; en caso de no resolverse por este medio, se podrá someter a un mediador o un panel de solución de controversias.
La Asamblea también aprobó, con 90 votos a favor, el Protocolo relativo a una enmienda del Artículo 50 a), y 56, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, fue remitido al Ejecutivo federal.
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