El secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, denunció que los dirigentes en los estados de Veracruz y Oaxaca son víctimas de persecución política por parte de los gobiernos estatales –así lo evidencian las amenazas-, poniendo en riesgo sus vidas; por lo que convocó al antorchismo nacional y a los mexicanos en general a defender a las víctimas de represión y violación de los derechos humanos, orquestado por gobiernos emanados del partido Morena.
Se trata de Dimas Romero González, dirigente del antorchismo en Oaxaca y de Samuel Aguirre Ochoa, de Veracruz, quienes, por separado, han sido amedrentados, luego de que se pusieran al frente en la gestión de demandas a beneficio de miles de familias, o en la reinstalación de sus puestos de trabajo.
En su mensaje semanal, Córdova Morán explicó que “estos hechos importan no solo a los Antorchistas del país, sino a toda la opinión pública, porque ponen de manifiesto y demuestran, una vez más, el clima de represión y de violación abierta y sistemática de las garantías constitucionales y el uso torcido de la ley como arma para perseguir y acallar a los críticos y disidentes del gobierno actual”.
En el caso de Oaxaca, los antorchistas de ese estado, uno de los de mayor rezago económico-social en todo el país, se mantuvieron en plantón durante casi tres meses frente a la casa de gobierno en demanda de soluciones a viejos problemas cuya solución han comprometido una y otra vez las autoridades responsables, incluido el gobernador, Alejandro Murat, y una y otra vez han incumplido su palabra. Junto con ellos, y apoyándose mutuamente, se instaló la protesta de médicos, enfermeras y personal de salud, que fueron contratados en la etapa más crítica de la pandemia de Covid-19 y que, pasada la emergencia, fueron despedidos sin importar méritos, antigüedad ni situación familiar. Al momento no existen soluciones.
Sin embargo, en una visita previa del presidente López Obrador a Oaxaca, una representación de los despedidos se entrevistó con él y recibió la promesa de que se estudiaría su situación y, al menos la mayoría, sería recontratada. Nada de esto se cumplió. En la madrugada del domingo 21 de noviembre, ante el anuncio de una nueva
visita presidencial, el plantón de médicos y trabajadores fue desalojado violentamente por un fuerte contingente de la policía estatal, explicó el líder social.
Posteriormente, circularon en grupos de WhatsApp de reporteros locales varios mensajes en contra de Dimas Romero y del Movimiento Antorchista, denostando su trabajo y con claras amenazas contra su persona. Otro segundo anónimo, “contiene menos información oficial y se dedica más a los insultos y la difamación a secas, aunque de todos modos exhibe la mano de funcionarios estatales”.
El líder social precisó que “ni Dimas, ni Antorcha piden dinero jamás, sino solo obras, obras visibles, comprobables, contantes y sonantes, para beneficio de colonias y pueblos pobres y olvidados, que en Oaxaca suman cientos. Las cifras en dinero que aquí se manejan, son el costo de esas obras calculado por el propio gobierno del estado y que se ha comprometido resolver. El ataque no es más que un modo turbio para desconocer ese compromiso”.
Mientras, en Veracruz, Samuel Aguirre no es menos grave ni menos preocupante. El miércoles 24 de noviembre, recibió un citatorio judicial en el que se le indicaba presentarse el 1 de diciembre en el Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Estado. Previendo una posible maniobra para detenerlo, dadas las reiteradas amenazas en este sentido propaladas en los últimos meses, acudió en su lugar su representante legal, el cual fue informado de que la señora María Nayeli “N” lo acusa de haber intentado venderle un terreno, por el cual le adelanto la cantidad de 180 mil pesos.
Tras una indagatoria por parte de los abogados del líder antorchista, quedó claro que, “María Nayeli “N” fue víctima de estafadores profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con Samuel ni con el Movimiento Antorchista veracruzano. Sin embargo, hay elementos turbios que vuelven preocupante en el asunto. El primero es que tanto el poder notarial apócrifo como la operación de compra-venta y la entrega del dinero se celebraron ante notario público, que dio fe de los hechos. Esto no es sencillo para cualquier raterillo vulgar en virtud de que la fe pública de que se halla investido un notario conlleva serios deberes y responsabilidades que lo obligan a ser sumamente cuidadoso con los documentos que valida y la identidad de las personas que solicitan sus servicios”.
Y es que, en Veracruz, existe un clima de persecución y represión que impera contra los opositores o disidentes del gobierno del estado. Así lo evidencia el diario digital EME/EQUIS, medio que encabezó su nota del 3 de diciembre: “Odio jarocho. la Fiscalía de Cuitláhuac García se enreda en detenciones de políticos”.
Por lo anterior, Córdova Morán llamó a todos los antorchistas del país a estar pendientes del caso y “a prepararnos desde ahora para defender a Samuel Aguirre en caso de un atropello a su libertad, a sus derechos y a su imagen pública. Es nuestro deber ineludible”.
