- Imprescindible detener la violencia en contra de ellas.
- Urge atender a decenas de mujeres de la comunidad triqui, que acampan en el exterior del Palacio de Bellas Artes.
- Urgente diálogo ante prisionera de Estado como Kenia Hernández.
El Centro de Derechos “Zeferino Ladrillero” hizo un llamado enérgico al gobierno federal para que realice los ajustes necesarios para detener de manera inmediata las agresiones en contra de las mujeres, de manera particular las más vulnerables.
“Es imprescindible detener la violencia política, económica e institucional que padecen las personas femeninas, porque las niñas, jóvenes y mujeres -de manera particular las indígenas- exigen esfuerzos concertados para abordar la violencia en todas sus manifestaciones”, dijo su oficina de comunicación social.
Además, recordó la agrupación que la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe atender de manera inmediata a decenas de mujeres (adultos y menores de edad) que mantienen un campamento improvisado al exterior del Palacio Nacional, en la capital del país.
“Se trata de personas de la comunidad Triqui, de la comunidad de Tierra Blanca Cópala en Oaxaca, que llevan más de un año en calidad de personas desplazadas debido a una serie de agravios que motivó se desplazaran a la capital para garantizar sus vidas; que hoy no sólo tienen la tragedia de abandonar sus hogares, sino que ahora viven en la calle”, explicó.
Explicó que “los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (Multi) han agotado los canales de comunicación con el gobierno federal, sin embargo, hasta el momento, han incumplido el reparar los daños y garantizar el retorno a sus tierras de manera segura”, dijo.
“El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, no ha dado respuesta para sostener un diálogo abierto de cara a la sociedad con la intención de conocer los motivos de por qué no se avanza para atender esta delicada situación que afecta a más de 120 familias oaxaqueñas, de origen indígena, en su mayoría mujeres y menores de edad”, sostuvo.
Por si fuera poco, agregó el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay más casos que hay que atender de manera urgente, como el caso de la activista y defensora de los derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván, quien recibió una sentencia de diez años de prisión por un delito que no cometió.
“El propio presidente López Obrador ha manifestado su intención de erradicar la corrupción en el país, pero todo parece indicar que seguimos con funcionarios deshonestos al interior del circuito judicial, ya que aún se somete a personas ajenas de la comisión de delitos por una comisión política”, resaltó.
Por todo esto y más, es urgente que el presidente López Obrador responda de manera inmediata la solicitud que esta agrupación ha hecho para dialogar sobre el atropello institucional a personas que defienden las garantías individuales, entre ellos, también periodistas profesionales.
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