La legitimidad de un gobierno no se agota en el respaldo electoral ni en la popularidad. Se construye y renueva con resultados, correcciones oportunas y la responsabilidad ante las decisiones tomadas. No se pierde de golpe, pero sí se desgasta, algo cada vez más visible en ámbitos clave de la vida pública.
Uno de los primeros signos es la erosión de su capital moral. La promesa de ser distintos se debilita cuando la corrupción no sólo persiste, sino que adopta formas más concentradas y excluyentes. Casos como los envíos de Pemex a Cuba, rodeados de opacidad y riesgos fiscales, revelan tensiones entre discurso público y manejo responsable de los recursos.
En un contexto global incierto, hoy se debilitan los factores externos de los que México ha dependido excesivamente: inversión extranjera, comercio y estabilidad económica heredada. El nearshoring no ha detonado crecimiento, la inversión productiva cae y aumenta la presión fiscal por la deuda, las pensiones y Pemex.
En materia de seguridad, la ausencia de diagnósticos territoriales finos y de fortalecimiento institucional abre la puerta a órdenes locales precarios. En educación, cooptada por intereses políticos, se compromete la promesa de movilidad social y el desarrollo incluyente, pilares simbólicos del proyecto gobernante.
La legitimidad exige responsabilidad, transparencia y disposición a ajustar el proyecto antes de que los costos sean irreversibles.
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Por años, México compensó sus debilidades internas con inversión extranjera directa, apostando a que el crecimiento vendría de fuera. Hoy ese motor se debilita. El nearshoring no ha detonado un nuevo ciclo de desarrollo, el orden internacional se fragmenta, hay incertidumbre por la revisión del T-MEC y el carácter impredecible de Trump vuelve más frágil la apuesta externa. El problema se agrava por el mal desempeño de los motores internos. Mientras la inversión productiva cae, crecen el servicio de la deuda, las pensiones y los apoyos a Pemex. No sorprende así que a finales de 2025, ningún analista consideró que fuera buen momento para invertir. México no puede seguir dependiendo de lo externo; necesita fortalecer su motor interno con inversión pública estratégica, capital humano y confianza. Sin ello, no hay desarrollo posible. Una opinión del Programa de Gasto Público.
Países como Singapur, Japón, Corea del Sur y Taiwán construyeron sistemas educativos sólidos y protegidos de la captura política, basados en instituciones fuertes, reglas claras, profesionalización docente y políticas guiadas por evidencia. México avanza en sentido contrario: el sistema educativo sigue dominado por intereses políticos que desplazan el aprendizaje. Un ejemplo reciente es la resolución de la SCJN de enero de 2026, que validó dar prioridad en el ingreso al servicio docente a egresados de ciertas instituciones públicas. A ello se suman las presiones de la disidencia magisterial. Cuando la política entra al aula, se afecta sobre todo a estudiantes más vulnerables y México seguirá lejos de una educación que genere movilidad social y desarrollo incluyente. Un argumento del Programa de Educación.
Las cifras de homicidio doloso son el principal termómetro de la seguridad pública en México, pero ocultan dinámicas estructurales. Un análisis de largo plazo muestra un panorama más complejo. 20 entidades son hoy más violentas que en 2015, mientras que 12 presentan reducciones sostenidas. No existe, por tanto, una sola trayectoria de violencia, sino un país fragmentado en dinámicas territoriales divergentes. Estas diferencias obligan a abandonar explicaciones únicas. Las reducciones pueden deberse a políticas más efectivas, pero también a registros deficientes, a la consolidación de hegemonías criminales o a reacomodos violentos entre grupos delictivos. Por último, la disminución en algunos casos, sí parece asociarse al fortalecimiento institucional local. La política de seguridad requiere diagnósticos territoriales finos y una pregunta clave: ¿qué tipo de orden se está construyendo en cada territorio? Un análisis del Programa de Seguridad.
Entre 2023 y septiembre de 2025, Pemex envió a Cuba crudo y diésel por más de 1.4 mil millones de dólares, según reportes a la SEC. Los embarques se realizaron a través de Gasolinas Bienestar, una filial de Pemex constituida bajo derecho privado, lo que ha sido usado para negar información detallada sobre las operaciones, pese a que se trata de recursos públicos. Aunque la Presidencia reconoce el interés público y justifica los envíos como ayuda humanitaria, persiste una tensión entre esa narrativa y la opacidad jurídica del esquema. El perfil financiero de Gasolinas Bienestar es frágil y, sin estados financieros desagregados, no es posible saber si las ventas fueron efectivamente cobradas, lo que sugiere que la filial no genera valor para Pemex y puede implicar daño patrimonial. Estas pérdidas se trasladan al balance de la empresa y al erario. Además de los riesgos fiscales, existen riesgos geopolíticos y de corrupción, ante la falta de mecanismos que aseguren el uso final de los envíos. Un análisis del Programa de Regulación y Competencia
Pese a que en 2024 se registraron casi 229 mil nuevos negocios —alcanzando más de 7 millones de establecimientos según el INEGI—, el camino hacia la formalidad es sumamente costoso en términos de tiempo. Así, adicionales a las 675 horas destinadas para abrir una empresa, las organizaciones deben dedicar 628 horas al año para cumplir con las regulaciones vigentes.
Esta carga se distribuye principalmente en la gestión laboral (373.6 horas), trámites fiscales (108.4 horas) y administración operativa (158.1 horas), sin contar las hasta 220 horas extra que pueden enfrentar sectores con normativas especializadas.
JZ
