En 2023, Querétaro destacó en primer lugar en el Índice de Capacidad de su sistema de justicia penal, seguido de Coahuila y Nuevo León.
Por Jorge Carbajal | Programa de Justicia
La atención pública que se ha puesto sobre la justicia a nivel federal a raíz de la reforma al Poder Judicial, parece soslayar que los sistemas penales de los estados de la república son, en realidad, el ámbito más cercano para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Si la intención de la reforma era combatir la impunidad, pierde este objetivo al no abordar los retos que enfrentan los sistemas de justicia penal locales, pues es ahí donde se resuelven los delitos del fuero común, que son la mayoría.
Estos sistemas locales son heterogéneos en su diseño, capacidad y desempeño. Además, enfrentan realidades diversas en cuanto al tamaño de la población, dinámicas socioeconómicas y fenómenos criminales.
Los estados que destacan en materia de justicia penal
En nuestra última edición de Hallazgos 2023, actualizamos la metodología para evaluar las capacidades institucionales de cada entidad en materia de justicia penal. Le denominamos Índice de Capacidad (en las ediciones de Hallazgos de años anteriores le llamamos Ranking de consolidación).
Los resultados muestran que, en 2023, Querétaro destacó en primer lugar en el Índice de Capacidad de su sistema de justicia penal con un puntaje de 947.49 de un total de 1,000, seguido de Coahuila, Nuevo León y el Estado de México. Más abajo están: Yucatán, San Luis Potosí, Sonora y Baja California Sur, con puntajes entre 700 y 750.
El Índice de Capacidad se construye a partir del grado de avance de las condiciones con las que cuentan las tres instituciones clave de los sistemas locales: el órgano de coordinación, la fiscalía y el poder judicial. Así pues, examinamos la coordinación, el proceso de planeación, el procesamiento y reporte de información, los recursos presupuestales, el monitoreo y evaluación, así como los recursos humanos, la infraestructura, la estructura orgánica y el modelo de gestión.
De las 32 entidades federativas evaluadas, solamente 24 (75%) proporcionaron información sobre su órgano de coordinación. Es decir, la mayoría de los estados cuentan con esta estructura, o al menos fueron capaces de proporcionar información sobre ella. Sin embargo, ocho entidades (25%) no proporcionaron información en este aspecto: Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Abordaremos ahora el caso de Querétaro, que tiene el puntaje más alto, como un ejemplo de lo que otros estados pueden implementar.
¿Qué está haciendo Querétaro diferente?
El 3 de octubre del 2018 se publicó la ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro. La nombraron “Comisión Cosmos”. En materia penal, esta Comisión es única en su tipo en México.
En su creación participaron los tres poderes locales, así como la Fiscalía General, la Defensoría de los Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Todo esto refleja el gran respaldo político e institucional que esta ley tuvo desde un inicio.
Desde su diseño, la Comisión incorporó un modelo de gobernanza creado a partir de una visión sistémica y evolutiva. Gracias a esto, mantiene claridad y certeza sobre el ámbito de competencia de cada institución responsable en materia penal. También estableció las bases de coordinación que le permitieron realizar una planeación estratégica de mediano plazo con programas operativos anuales en los que se fueron concretando las prioridades para la consolidación del sistema de justicia penal.
Recientemente, el equipo de justicia de México Evalúa realizó una visita de campo a Querétaro para conocer con mayor detalle el funcionamiento del modelo “Cosmos”. Este acercamiento nos permitió constatar algunos de los avances en el estado en términos del desarrollo de sistemas de gestión, la profesionalización del personal y la incorporación de tecnologías de información, todo esto acompañado de procesos de evaluación y mejora continua, presupuestación eficiente y armonización normativa.
Es palpable el alto grado de apropiación y convencimiento que tienen los distintos actores gubernamentales, desde tomadores de decisión hasta operadores, sobre las ventajas de este modelo y los resultados obtenidos.
La reforma judicial impactará a los sistemas locales de justicia penal
La reciente reforma constitucional al Poder Judicial puso a la luz pública que la impunidad es una realidad que afecta cada vez a más personas que se ven involucradas en conflictos de tipo penal.
Evidentemente, esta reforma no atiende de manera integral este grave problema. Por el contrario, al establecer el nombramiento del personal jurisdiccional mediante voto popular y crear el Tribunal de disciplina judicial, atenta contra el principio de separación y equilibrio de poderes, el principio de independencia judicial y contra los avances respecto a la carrera judicial. Todo ello debilitará aún más las condiciones y capacidades del sistema de justicia penal en su conjunto y dificultará ofrecer respuestas efectivas a las personas víctimas e imputadas.
El proceso de implementación de esta reforma al Poder Judicial ya inició en el ámbito federal. Sin embargo, hay que recordar que los estados también están obligados a armonizar su marco constitucional y legal para que también sea implementada a nivel local. Para ello, cuentan con un plazo de 180 días a partir de la publicación de la reforma, que vence a mediados de marzo de 2025.
Podemos anticipar que entre más consolidados y más capacidades tengan los sistemas locales, tendrán mayores probabilidades de minimizar los impactos negativos y continuar sus procesos de fortalecimiento y mejora continua. Sin embargo, otro resultado posible es que se amplíe la brecha de capacidades institucionales de los sistemas locales, con las consecuencias negativas para el acceso a la justicia de las personas en los estados más rezagados.
baf
