El Paquete Económico 2025 es para sobrevivir y quedar “apenas” bien con algunos sectores, pero está muy lejos de ser algo parecido a lo que una nación como México requiere.

Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

El Paquete Económico 2025 plantea una importante disminución al déficit o endeudamiento anual, al pasar de 5.9% del producto interno bruto (PIB) a 3.9%. En tal sentido, el Gobierno está cumpliendo bastante de lo prometido. ¿Eso significa que podemos sentarnos a celebrar su aprobación? Creo que no. 

Se trata de un Paquete Económico para sobrevivir y quedar “apenas” bien con algunos sectores, como el financiero. Pero está muy lejos de ser algo parecido a lo que una nación como México requiere, considerando sus desafíos económicos, sociales y en materia de crímen y violencia.

Primero, no debe pasar inadvertido que los altos déficits que observamos el sexenio pasado se agravaron conforme se acercó la elección. Esto revela que la política fiscal es populista, tiene una gobernanza frágil, es vulnerable al clientelismo y altamente sensible a los intereses electorales. 

Desde luego, no es del interés del gobierno limitar esos espacios de discrecionalidad, por lo que el Paquete Económico 2025 no propone ni mejorar ni fortalecer las reglas del juego de la política fiscal. Pero habiendo pasado la elección, el gobierno ganador que inicia sí tiene incentivos en mostrar una mayor responsabilidad fiscal. La presidenta tendrá que dar la cara por la situación de las finanzas públicas hasta 2030 y arrancó con la amenaza de que le pueden disminuir su calificación crediticia con posibilidad de perder el grado de inversión. 

Mientras la economía no crezca más y el gobierno no logre recaudar nuevamente ingresos petroleros para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) o fortalecer su marco tributario, tendrá que vivir de prestado. Si llega a perder el grado de inversión tendría que solicitar préstamos desde el mercado de los malos pagadores, los que tienen mala calificación en el buró de crédito de los países. A esos países sí se les presta, pero a cambio de que paguen intereses muy altos.

Vienen recortes que limitan los servicios

El ajuste fiscal se verá reflejado en áreas sensibles y con sed de recursos. El gasto funcional en salud pasará de 2.8% del PIB en 2024 a 2.4% en 2025. Con esto nos alejamos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que considera que los gobiernos deben gastar por lo menos 6% del PIB para estar en posibilidades de cumplir con el derecho a la atención sanitaria. Además, el Ejecutivo pide permiso para gastar toda la reserva del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) en caso de requerirlo —claro, sin comprometerse a gastar esos recursos en atender las necesidades médicas de la población.

Otro rubro fuertemente impactado será la inversión en infraestructura. Aquí se proyecta gastar 2.3% del PIB. Esto es un 0.4% menos que lo aprobado en 2024 y al promedio ejercido de 3.1% entre 2013 y 2023. Pero si quitamos lo que se invierte en Pemex, porque no es común que un gobierno invierta en petróleo y otros energéticos, la inversión se reduce a sólo 1.7% del PIB. Es menos de la mitad de lo que el Gobierno va a gastar en intereses de la deuda, 3.8% del PIB. 

Además, se sigue sin cumplir la Regla de Oro del endeudamiento que está obligada desde la Constitución: que el endeudamiento sea igual al gasto de inversión. Lo ideal es que todo el endeudamiento se use para financiar inversión, para promover el crecimiento económico y el aumento de los ingresos futuros, lo cual permitiría el pago de la deuda. Cumplir con esta buena práctica evitaría que el gobierno al endeudarse vaya comprometiendo en el presente los ingresos del futuro. En 2025, por cada peso de endeudamiento, sólo se gastarán 59 centavos en inversión y el resto se usará para financiar el gasto corriente.

El gasto en seguridad nacional y policías caerá de 0.7% del PIB a 0.5% y el gasto en educación se mantendrá estancado en 2.9 puntos del PIB, muy por debajo de lo visto en los gobiernos neoliberales, 3.5%. 

Otra mala noticia es que se agravará la repartición de la renta petrolera en favor de Pemex. La empresa se quedará con el 75% de los ingresos petroleros (2.38 puntos del PIB), mientras que la Federación tendrá sólo 25% de los ingresos petroleros (0.78 puntos del PIB) la peor distribución histórica. La razón: el nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar, que sustituye al Derecho de Utilidad Compartida (DUC). 

Además es posible que dichos ingresos no pinten en la bolsa del Gobierno federal, ya que se observó que en este año el Gobierno ha regresado a Pemex un mayor monto de recursos del PEF en comparación con el monto que la petrolera le pagó a través del DUC.

¿Qué hay dentro del paquete?

Detrás de este Paquete yace un Gobierno que busca sobrevivir, pero no cambiar la realidad del país ni contribuir a financiar la atención a los grandes retos, aprovechando las oportunidades de cara al futuro. Es un Gobierno que prefiere recortar servicios fundamentales para atender la pobreza y la desigualdad y limitar las posibilidades de potenciar la economía, en lugar de comprometerse con cambios de fondo en la política fiscal para ampliar el tamaño del presupuesto. 

Por ejemplo, prefiere no cambiar el modelo de Pemex que hoy implica invertir en refinación y perder dinero, sino perpetuarse aunque eso implique quitarle recursos del PEF a los mexicanos. Si Pemex fuera rentable, el Gobierno podría fortalecer la sostenibilidad de los programas de transferencias para la población o financiar mejores servicios de educación, salud y seguridad e invertir en infraestructura para el desarrollo.

baf