DIP. OFELIA JASSO- Con el permiso de la Presidencia. Hoy discutimos una propuesta de reforma que bajo el pretexto de la simplificación orgánica busca eliminar los órganos autónomos que han sido esenciales para la democracia y la transparencia en nuestro país, suprimirlos es un claro signo autoritario y dictatorial.

Esta reforma de aprobarse significaría un grave retroceso al centralismo y una amenaza directa a los derechos fundamentales de los mexicanos, como el acceso a la información y la protección de datos personales. El dictamen propone que las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sean absorbidas por una dependencia del Ejecutivo.

Esto concentra el poder de la Presidencia y su gabinete, dejando al Estado como juez y parte en temas tan sensibles como la gestión de datos y el control de espectros de comunicación.

Por si fuera poco, la propuesta elimina la protección efectiva de datos personales, dejándola a la interpretación de servidores públicos sin independencia, lo que incrementa el riesgo de discrecionalidad y vulnerabilidades a la privacidad ciudadana. También pone fin al organismo garantía del acceso a la información pública, lo que afecta a la transparencia en todas las dependencias, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos que manejan recursos públicos.

La desaparición de estos órganos no sólo desarticula la rendición de cuentas y la vigilancia sobre el uso de recursos públicos, sino que también abre la puerta a mayores irregularidades y opacidad.

Esta reforma, lejos de modernizar, nos lleva décadas atrás, poniendo en peligro la democracia y los derechos ciudadanos que tanto ha costado construir en nuestro país. En la fracción octava del Artículo sexto, bajo el pretexto de la simplificación administrativa, abre la puerta a modificaciones arbitrarias que dejan a los ciudadanos en un estado total de indefensión.

Es imperativo que las leyes sigan garantizando la máxima protección en estos materiales y que los órganos responsables de su implementación se mantengan independientes y fortalecidos, con lo cual se desarticula cualquier intento de investigación sobre algún tema.

El Partido Revolucionario Institucional está en contra de anular el derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas, al derecho a la información pública y a la protección de datos personales para mejorar funciones. Asimismo, es contraria a medidas para atender adecuadamente la reserva de información por razones de seguridad nacional.

Se deroga y acaba con el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, que establece que está determinado si existe un riesgo real de peligro de seguridad, con lo cual deja al Estado en total discrecionalidad para aplicar los criterios para acceder a estos derechos humanos. . . y es violatoria de los principios constitucionales, un grupo de servidores públicos no puede retomar una función tan importante para la vida democrática de nuestra nación, se requiere de formación profesional, independencia y autonomía para poder resolver estas materias tan trascendentes.

No podemos permitir que los avances logrados en estas áreas sean eliminados por medidas que concentran el poder en el Ejecutivo y vulneran los derechos de la ciudadanía.

baf