El futuro presidente Donald Trump confirmó ayer que declarará un estado de emergencia a raíz de la crisis nacional detonada por la situación en la frontera con México, y empleará a las fuerzas armadas para realizar las deportaciones masivas de indocumentados que prometió durante su campaña.
Durante más de un año, Stephen Miller, asesor y arquitecto de las políticas antimigrantes de Trump, ha repetido que está desarrollando planes para solicitar que gobernadores republicanos en varios estados desplieguen tropas de la Guardia Nacional (las de cada entidad están comandadas por los gobernadores) con el fin de asistir en el esfuerzo para arrestar, establecer centros de detención y finalmente deportar a muchos de los 11 millones de inmigrantes irregulares que viven en el país. Miller fue recién nombrado por Trump subjefe del gabinete para políticas.
Ayer por la mañana Trump respondió es verdad a un comentario en redes sociales de Tom Fitton, presidente de la agrupación conservadora Judicial Watch, donde describió que el gobierno de Trump empleará recursos militares para revertir la invasión (migrante) de Biden por medio de un programa de deportaciones masivas. Fitton, cuyo grupo tuvo un papel clave en instalar a tres jueces ultraconservadores en la Suprema Corte durante el primer periodo de Trump, añadió que el magnate está preparado para declarar una emergencia nacional con el fin de facilitar este gran esfuerzo.
El republicano ha prometido iniciar las deportaciones el día uno, o poco después de que arranque su presidencia, el 20 de enero, pero hasta la fecha no ha ofrecido detalles sobre cómo obtendrá los fondos y el personal para un esfuerzo de estas dimensiones. Líderes de ambos partidos han usado las declaraciones de emergencia nacional en el pasado para canalizar fondos apropiados por el Congreso para un propósito y dedicarlos a otro.
