La renuncia se formaliza mediante una carta enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que el ministro justifica su decisión debido a la naturaleza de la reforma y a las nuevas disposiciones.

En su carta, Gutiérrez Ortiz Mena explica que la reforma lo enfrenta a dos opciones: someterse a una elección popular o renunciar.

Señala que no se considera un candidato adecuado para un puesto sujeto al apoyo popular y que su vocación es “resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, una labor que, considera, no se encuentra en la arena política.

“Desde el principio, sabía que ser juez constitucional implicaba algo más que interpretar textos legales; implicaba mantener viva la promesa de justicia en un Estado democrático “, menciona el ministro.

Con esto, subraya su perspectiva sobre la función de la judicatura y la importancia de proteger los derechos de aquellos que carecen de voz en el sistema.

Gutiérrez Ortiz Mena es claro en su carta al afirmar que su decisión no significa una aceptación de la constitucionalidad de la reforma.

“Esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma “, aclara. Sostiene que actúa “conforme a la presunción de validez” de la norma mientras esta no sea revocada por un tribunal competente, resaltando que su renuncia se da dentro del plazo estipulado por el artículo séptimo transitorio de la reforma.