En qué consiste el polémico acuerdo entre Meloni y Albania para frenar la inmigración: centros de deportación para 36.000 personas al año

Este jueves, Alberto Núñez Feijóo se reúne en Roma con la primera ministra de Italia, Giogia Meloni, en el marco de su gira para tratar de conformar una “alianza europea” contra la inmigración irregular. El encuentro se produce en un contexto en el que el debate político se desarrolla en torno a la inmigración, y en el que la dirigente italiana acapara las miradas debido a su política migratoria.

Feijóo es el último de un listado de personalidades políticas que han alabado la gestión política de Meloni. En mayo, quince países de la UE pidieron por carta a la Comisión Europea tomar medida en línea con las adoptadas por Italia, e incluso el recién nombrado primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ensalzó este mismo mes sus avances en política migratoria.

Aunque no es la única, la medida estrella de Meloni —alabada muchos y criticada por otros— es el acuerdo migratorio al que llegó con el primer ministro de Albania, Edi Rama, hace casi un año.

En noviembre de 2023, la primera ministra italiana y su homólogo albanés acordaron trasladar a los migrantes que lleguen a Italia tras atravesar el Mediterráneo a Albania, para alojarlos en centros para inmigrantes. En concreto, el acuerdo contempló crear un centro de tramitación en el puerto de Shengjin, además de dos centros de acogida en Gjader para solicitantes de asilo, con 880 y 144 plazas, respectivamente. Allí pasarán el tiempo pertinente para realizar los trámites de solicitud de asilo y, en caso positivo, serán repatriados de vuelta a Italia en caso de obtener el estatus de refugiado. De esta forma, Albania gestionará la llegada de aproximadamente unos 36.000 migrantes al año.

Si bien es cierto que el acuerdo contempla algunas restricciones para menores, familias monoparentales, personas discapacitadas, con enfermedades o trastornos graves, así como víctimas de trata de personas o que hayan sufrido violencia sexual, las organizaciones dudan de cómo vayan a acreditar su protección en un tercer país ajeno a la UE. “Sigue siendo un misterio cómo garantizará Italia un proceso justo de asilo cuando los detenidos se encontrarán en otro territorio”, señaló HRW.

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