Alberto Guerrero Baena

Michoakanistán, la derrota que no se narra como tal

El declive del imperio y el declive del Estado

Hay derrotas que se nombran como retiradas estratégicas. Hay abandonos que se disfrazan de soberanía devuelta. Cuando las últimas tropas estadounidenses abandonaron Kabul en agosto de 2021 y los talibanes entraron triunfantes a una capital que nadie defendió, el mundo no asistió solo a una debacle militar: fue la confirmación de que veinte años de inversión, sangre y retórica democratizadora habían producido no un esfuerzo sostenido, sino veinte esfuerzos separados de un año, repetidos en bucle sin memoria institucional, sin aprendizaje, sin vergüenza.

A miles de kilómetros de distancia, en las cañadas michoacanas, esa misma lógica lleva casi tres décadas operando en silencio. Afganistán fue el espejo global de una política de seguridad sin Estado. Michoacán es su versión doméstica, y nadie en Palacio Nacional ha querido —ni podido— decirlo con esa claridad.

La pregunta que incomoda es directa: ¿es Michoacán a México lo que Afganistán fue a Estados Unidos?

La respuesta, con todos los matices que merece la comparación geopolítica, es inequívoca: sí.

La anatomía del fracaso compartido

La intervención en Afganistán falló porque la seguridad fue concebida como una variable autónoma, completamente desligada de los factores que generan violencia e inestabilidad: la pobreza, la falta de legitimidad local, la corrupción sistémica enquistada en el propio aparato que se pretendía reformar.

El resultado fue un Estado neopatrimonial y profundamente corrupto donde los señores de la guerra se integraron al gobierno sin dejar de ser señores de la guerra. El dinero de Washington llegaba, circulaba y se evaporaba en las mismas manos que debía erradicar.

Cambie “señores de la guerra” por “cárteles” y “Kabul” por “Morelia”, y el diagnóstico es intercambiable.

Dos décadas de política pública contra el crimen organizado en Michoacán revelan un fracaso estructural de carácter reactivo, fragmentado y sistemáticamente subordinado a intereses políticos coyunturales.

La infiltración criminal en los municipios, la consolidación del narco en economías lícitas como el aguacate y el limón, y la posterior institucionalización de acuerdos tácitos entre el poder político y los grupos delictivos son fases documentables, no hipótesis.

El paralelismo con Afganistán no es metafórico. Es estructural.

Veinte años, veinte planes, cero memoria

En dos décadas, Michoacán acumula cifras que deberían avergonzar a cualquier gobierno: casi 27 mil homicidios, alcaldes ejecutados en pleno ejercicio, miles de desapariciones forzadas, y una economía criminal que absorbe hasta el 40% de los ingresos del campo a través de la extorsión sistemática.

Calderón llegó a Apatzingán con chamarra militar y promesas de orden. Peña Nieto mandó a un comisionado que terminó armando a los mismos grupos que debía desmantelar. López Obrador ensayó los “abrazos, no balazos” y entregó territorios enteros a la gobernanza criminal.

Cada sexenio trajo su propio plan, su propia retórica y su propio olvido de lo anterior.

El 1 de noviembre de 2025, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, volvió a desnudar la podredumbre acumulada.

La respuesta llegó ocho días después, desde un blindado Palacio Nacional a 400 kilómetros de distancia: el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con 12 ejes, más de 100 acciones y una inversión declarada de 57 mil millones de pesos. El plan contempla el despliegue de más de 12 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, una fiscalía especializada, mesas de seguridad quincenales y polos de desarrollo económico.

Las cifras operativas del primer mes fueron presentadas con orgullo institucional: 972 detenidos, 945 armas aseguradas, 23 toneladas de droga y 17 laboratorios de metanfetamina desmantelados. Lo que no dijeron en el podio es que, de noviembre a diciembre de 2025, los homicidios totales en el estado subieron de 167 a 194 casos.

El crimen no leyó el comunicado de prensa.

El efecto es el de siempre: en cuanto las fuerzas federales se concentran en un punto, los grupos criminales se desplazan.

Es lo que los especialistas llamamos “efecto cucaracha”, y Michoacán lo conoce de memoria.

La violencia del 22 de febrero de 2026 —más de 250 bloqueos carreteros simultáneos en al menos 20 estados como respuesta a un operativo federal— confirmó que el crimen organizado tiene la capacidad logística para castigar al Estado en tiempo real.

Eso no es una banda delincuencial. Eso es un actor político.

Las salidas posibles: lo que sí puede hacerse

La tentación del análisis apocalíptico es cómoda pero irresponsable. Hay rutas viables, siempre que se abandone definitivamente la lógica del plan sexenal de emergencia y se adopte una perspectiva de Estado con horizonte de largo aliento.

Primero: reconstrucción institucional real desde lo municipal, sin los mismos operadores que construyeron el desastre. No se puede recomponer una entidad manteniendo en sus cargos a las autoridades locales corresponsables del colapso. El Plan Michoacán 2025 comete ese error con calculada comodidad política.

Segundo: inteligencia civil profesionalizada, no militarización cíclica. Sin capacidad real de investigación y procesamiento judicial, la presencia castrense es ruido sin efecto disuasivo. Las policías municipales michoacanas siguen siendo las instituciones más precarias, peor pagadas y más expuestas del sistema de seguridad. Ningún plan las ha dignificado en serio.

Tercero: política cultural activa y sostenida. La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios construyeron identidad, liturgia y cohesión comunitaria donde el Estado dejó vacíos. El plan actual menciona “cultura de paz” con la misma convicción con que se anuncia una feria del libro: como adorno. Una política de cohesión social que financie expresiones culturales locales, recupere espacios públicos y fortalezca la educación en zonas de alta captura criminal no es romanticismo progresista. Es contrainsurgencia inteligente.

Cuarto: economías alternativas reales, no polos de bienestar de vitrina. Mientras el aguacate y el limón sigan siendo venas abiertas por donde el crimen extrae renta, ningún polo de desarrollo en Uruapan cambiará la ecuación de fondo.

La derrota que sigue sin nombre

El Plan Michoacán 2025 llegó tarde, se presentó lejos, no tocó a los responsables locales, y ya muestra las primeras grietas en sus propios datos. Es un esfuerzo real que enfrenta un problema estructural con instrumentos insuficientes y una clase política local intocada. Eso, históricamente, no alcanza.

Afganistán le enseñó al mundo que un Estado construido desde afuera, sin legitimidad local y sin voluntad real de transformar las estructuras de poder que sostienen la violencia, colapsa en semanas cuando el andamiaje exterior se retira. En Michoacán, el gobierno federal ha hecho exactamente eso durante veinte años: llegar, operar, celebrar con conferencia matutina, retirarse, y dejar a las comunidades más expuestas que antes.

Michoakanistán no es hipérbole. Es diagnóstico.

Y como todo diagnóstico certero, su utilidad depende de si quien lo recibe tiene voluntad real de tratarse, o si prefiere seguir narrando la derrota como una estrategia en curso, con nuevos nombres y los mismos resultados.

GD