El legislador afirmó que lo más alarmante es que en México el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes no está aún tipificado como un delito específico.

Precisó que las tácticas de reclutamiento son metódicas, insidiosas y manipuladoras, pasando por la seducción a través de videojuegos y promesas laborales engañosas que controlan los que reclutan en las redes sociales, como parte de su modus operandi.

El diputado federal Miguel Alonso Reyes presentó una iniciativa que modifica el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de menores, adolescentes o personas adultas hasta con 18 años de pena y así endurecer el marco jurídico en contra de esta grave conducta.

En su exposición de motivos, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que su proyecto de ley, que adiciona un capítulo Séptimo Bis y el artículo 208 Bis al título octavo de dicho Código, establece una pena de 9 a 18 años de prisión para quien mediante violencia física, psicológica o económica someta a niñas, niños, adolescentes o adultos a participar en actividades delictivas en contra de su voluntad.

Aseguró que es desgarrador saber que los menores además de ser despojados de sus aspiraciones, de su derecho a una vida plena y feliz, son forzados por las organizaciones criminales, a tomar un camino oscuro, pavimentado con incertidumbre y dolor, robándoles su futuro, antes de que siquiera tengan la oportunidad de vivirlo

Aclaró que lo más alarmante de todo es que en México el reclutamiento forzado de este grupo no está aún tipificado como un delito específico.

El legislador subrayó que esta omisión legal es una grieta que permite que la delincuencia organizada siga secuestrando sueños y se mantenga en la impunidad.

Mencionó que organismos internacionales como la UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU han insistido que México tipifique el reclutamiento a la fuerza como un delito único y grave, pero esas recomendaciones han sido ignoradas.

Recalcó que es imperativo que el Estado asuma la responsabilidad de reconocer y garantizar las obligaciones en materia de Derechos Humanos, eliminando la violencia contra la infancia y de los jóvenes y estableciendo políticas públicas que aseguren el respeto a su dignidad e integridad física, además de invertir en acciones que prevengan toda forma de violencia en su contra.

Señaló que de acuerdo a estimaciones de la organización Tejiendo Redes Infancia entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento anualmente.

El congresista del PRI sostuvo que muchos jóvenes reclutados por el crimen organizado que se niegan a delinquir son asesinados y acaban formando parte de cifras negras de desapariciones. Dijo que lamentablemente son las madres buscadoras quienes tienen que salir a encontrarlos sin recursos y arriesgando su vida.

Puntualizó que estas cifras no son solo estadísticas; son historias de vida truncadas, de sueños que jamás se cumplirán, de familias que viven con el dolor de no saber si sus hijos volverán a casa.

El representante popular por el estado de Zacatecas puntualizó que no se trata de leyes solamente, sino de vidas de niñas, niños y jóvenes que aún pueden ser salvadas para soñar, crecer y construir un presente y un futuro apartado de la violencia. “Hagamos que la justicia llegue también a quienes aún no tienen voz, pero sí todo el derecho de un porvenir próspero y en paz”, concluyó.

baf