Los legisladores del PRI aseguraron que la reforma que abandonó Morena solo incentivó el mal ejercicio de la función pública.

Advirtieron que eliminaron el control que los diputados federales tienen para valorar las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo e inversiones programadas.

Pemex y CFE quedarán exentas para estar sujetas a esta ley, lo que dará paso a la discrecionalidad para colocarlas en un régimen especial sin transparencia.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votaron en contra del dictamen a la Ley de Obras Públicas y Servicios, porque lejos de fortalecer el sistema de contratación de obra, va direccionado a proteger la adjudicación directa, el favoritismo y el amiguismo.

A nombre de la bancada priista, Arturo Yáñez, Abigail Arredondo e Israel Betanzos expusieron que México ha recorrido un largo camino para lograr eliminar la falta de transparencia en la obra pública; Sin embargo, la propuesta de abandonar Morena es regresiva.

Los legisladores coordinados por Rubén Moreira y en acuerdo con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, afirmaron que lejos de garantizar un proceso transparente, establecieron nuevas excepciones que permiten institucionalizar la opacidad. Indicaron que, además, eliminaron el control que los diputados federales tienen para evaluar las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo e inversiones programadas.

”Esto solo va a fomentar la discrecionalidad del ejercicio en el Ejecutivo y vulnera uno de los ejes principales de este recinto, la vigilancia del ejercicio de gasto público”, subrayaron para después señalar que se da apertura a un sistema a modo para que el gobierno y sus funcionarios usen y destinen libremente los recursos de la administración federal.

Avalar este dictamen, manifestaron los representantes del partido tricolor, es alterar peligrosamente los equilibrios constitucionales referentes a la Ley de Obras Públicas y reprobaron que se considera desaparecer el Compranet, lo que dificultará la rendición de cuentas y facilitará la adjudicación directa en contratos gubernamentales.

Indicaron que, además, la reforma establece la posibilidad de que las empresas públicas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, queden exentas para estar sujetas a esta ley, lo que dará paso a la discrecionalidad para colocarlas en un régimen especial que no es el de la Ley de Obras Públicas.

Advirtieron que van a aumentar las contrataciones que están fuera de la ley, porque se excluye la aplicación de la misma a los contratos que celebran las dependencias de las entidades descentralizadas. “Lamentablemente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se convierte en juez y parte, porque le amplían las facultades, los lineamientos para los procedimientos de contratación y la Política General de Contrataciones en materia de obra pública”, agregó.

Aunado a ello, mencionaron que se establece también mecanismos que incrementan el favoritismo, ya que se propone reducir del 30 por ciento al 20 por ciento el monto para contratar las obras a través de adjudicación directa. Pero lo más grave, puntualizaron, es que solo con decir que son proyectos prioritarios del Estado para que puedan hacer las obras los miembros de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano.

Recordaron que 7 de cada 10 contratos en la administración de López Obrador se dieron por adjudicación directa. Ahora, la Presidenta ofreció que el 65 por ciento de los contratos van a ser por licitación pública. “Con esta ley se promueve la opacidad, con esta ley se promueve el desorden y con esta ley se promueve favorecer a las empresas favoritas del oficialismo en este sexenio”, recalcaron.

En la discusión de reservas subieron a la Tribuna, los diputados Socorro Jasso, Luis Gerardo Sánchez, Humberto Ambriz y Alejandro Domínguez.

baf