Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, hoy a diferencia de otras ocasiones estamos celebrando la aprobación de estos dictámenes para seguir generando leyes que prevengan la violencia y generen bienestar para nosotras las mujeres. Sin duda la aprobación de estos dictámenes representa un nuevo avance en la prevención y combate a los distintos tipos de violencia que las mujeres hemos padecido históricamente.
Desde esta tribuna destaco y reconozco a todas aquellas mujeres que nos antecedieron en la lucha por nuestros derechos, ahora nos toca a nosotras seguir impulsando las leyes, pero también políticas públicas que atiendan las necesidades y demandas de las mujeres. Sin embargo, es momento de redoblar esfuerzos, porque aún tenemos grandes retos que atender.
Actualmente las mujeres siguen siendo víctimas de violencia y el acceso a la justicia es complejo, por lo que ocasiona impunidad. Hoy nos une esta noble causa a las y los legisladores, sin importar colores ni partidos, con el único interés de crear las condiciones necesarias para que sus derechos sean respetados y se apliquen todo el peso de la ley contra los violentos. Al respecto, resulta un gran avance el consenso que se ha logrado para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres.
Celebramos que hoy se reconoce la necesidad de implementar que reduzcan la brecha salarial y se impulse la igualdad de oportunidades que deben tener las mujeres ante la realización de trabajo igual, salario igual. Por eso resulta un gran acierto el otorgamiento de los certificados de igualdad laboral y no discriminación, así como la creación de un padrón de centros laborales certificados, lo que permitirá que la igualdad sustancial sea una realidad en nuestro país. El reconocimiento de la violencia vicaria en la ley procesal civil y familiar es sin duda un gran avance que visibiliza una problemática que viven millas de familias cotidianamente.
La incorporación de las órdenes de protección en la ley como medida cautelar que emitirán las autoridades para prevenir la violencia de género, así como los delitos contra las mujeres como lo es el feminicidio.
Por ello resulta crucial la obligación que tendrá la federación y los estados de contar con fiscales especializados para la atención de delitos contra las mujeres y con centros de justicia para las mujeres. Y aquí quiero compartir que en mi estado de Coahuila nuestro gobernador Manolo Jiménez fue el primero en cumplir con el llamado que hizo nuestra presidenta de la República en contar con fiscales especializados para la atención de la violencia contra las mujeres a través de la creación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila.
Ello contribuirá para que su funcionamiento sea con perspectiva de género y no existan circunstancias que generen una revictimización o injerencia de estereotipos sexistas al resolver los hechos violentados denunciados. Al mismo tiempo surge el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niñas como un mecanismo institucional de coordinación, colaboración entre los tres niveles de gobierno, por lo que será indispensable que se sujeten a una estrategia que haga posible un desempeño eficiente.
El mismo registro contribuye a tener un control sobre el otorgamiento y eficiencia de las protección a quienes sean víctimas de violencia, conformándose una base de datos al que tendrán medidas de acceso las autoridades.
Al mismo tiempo, dicha información servirá para que se verifiquen los antecedentes de violencia tanto de las víctimas como de los agresores. Compañeras y compañeros, quiero resaltar que con la creación de la Secretaría de las Mujeres en este sexenio será posible establecer una coordinación que permita acciones orientadas a impulsar la igualdad sustantiva de género en diferentes ámbitos, y que esas reformas sean una verdadera garantía para que las las mujeres alcanzan su empoderamiento y que las llevarán a superar la discriminación y salir del círculo de violencia en el que están inmersas.
En el Grupo Parlamentario del PRI siempre acompañaremos aquellas reformas que implican el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las niñas y mujeres, así como el impulso de políticas públicas que contribuyen con su empoderamiento.
baf