Lorena Cortés

La decisión del Gobierno de Michoacán de excluir de nuevo para este 2025 a la Comisión Municipal de Seguridad Pública de Morelia del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FORTAPAZ) no solo es un grave error político, sino una afrenta directa contra los morelianos.

En un contexto de inseguridad generalizada en Michoacán, esta medida expone la incapacidad del gobierno estatal para actuar con inteligencia, autocrítica y responsabilidad frente a los retos que enfrenta el estado.

Morelia, un municipio que ha logrado crear un modelo de seguridad ciudadana reconocido internacionalmente por países como Estados Unidos, Colombia y Suiza y que decenas de municipios de todo el país vienen a Morelia a conocer el modelo de seguridad ciudadana especialmente con lo que tiene que ver con los juzgados cívicos, debería ser un referente de buenas prácticas para el resto del estado y para el país. En lugar de reconocer y apoyar estos avances, el gobierno estatal opta por tomar decisiones emocionales y punitivas, claramente motivadas por una combinación de arrogancia y soberbia, en detrimento de los morelianos.

El equipo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de Morelia han demostrado que la seguridad puede ser abordada desde un enfoque integral, con estrategias basadas en la evidencia, inteligencia, prevención y colaboración ciudadana, de la mano y acompañpamiento de agencias internacionales y nacionales con alto prestigio y seriedad en seguridad.

El Gobierno del Estado de Michoacán, en lugar de ver este éxito como una oportunidad para replicarlo en otros municipios, ha elegido no sólo ignorarlo sino debilitarlo, evidenciando su incapacidad para admitir que hay formas de hacer las cosas mejor.

La soberbia de las autoridades estatales ha creado un ambiente en el que cualquier iniciativa que no provenga de su propia administración es percibida como una amenaza, en lugar de una solución.

El gobierno estatal, que administra el FORTAPAZ a través del Secretariado Ejecutivo, ha centralizado el manejo de los recursos, eliminando cualquier participación empresarial o ciudadana. Esto contrasta radicalmente con modelos exitosos como el FICOSEG en Chihuahua, donde la sociedad civil y el sector privado son protagonistas en la toma de decisiones. Al excluir a Morelia, el mensaje es claro: no importa si el modelo funciona o si está respaldado por la comunidad internacional, lo único que importa es quién controla los recursos.

La decisión de dejar fuera a Morelia del FORTAPAZ en 2024 y 2025 es una afrenta directa contra una población que merece seguridad, no castigos políticos. Este acto deja al municipio más poblado del estado sin acceso a recursos cruciales para continuar fortaleciendo su modelo de seguridad, exponiendo no sólo a sus habitantes sino a los porpios agentes de la policía municipal a mayores riesgos en un entorno ya complicado. El empresariado, cuyo esfuerzo sostiene los recursos del impuesto sobre nómina, debería mostrar mayor interés en garantizar que estos se utilicen con transparencia y en beneficio real de la seguridad ciudadana.

Por supuesto que el modelo de Morelia no es perfecto, pero tampoco debería ser castigado por sus avances ni por intentar construir un camino distinto frente a la inseguridad. México necesita líderes que actúen con inteligencia, humildad y responsabilidad, dispuestos a reconocer y replicar lo que funciona, sin importar de dónde provenga.

Cada día, las víctimas de la violencia y el delito nos recuerdan la urgencia de contar con estrategias que den resultados y los recursos que los fortalezcan. La exclusión del FORTAPAZ a la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia, es una decisión que priva a la ciudad de herramientas que podrían haber evitado un homicidio, un feminicidio o el trauma de un robo violento. Este acto no solo refleja soberbia, sino también una falta de sensibilidad ante el sufrimiento real de las personas, una incapacidad de priorizar el bienestar ciudadano por encima de rivalidades políticas.

El caso de Morelia debe ser un llamado a la reflexión: ¿estamos construyendo un estado que fomente la colaboración y la innovación, o uno donde las buenas ideas son castigadas por no provenir del centro de mando estatal?

baf