Esta reforma judicial sin diagnóstico, sin plan de implementación y sin escuchar a quienes trabajan en los tribunales, tiene un ángulo aún más perverso: el olvido de  la ciudadanía.

Por Susana Camacho (@Su_Kmacho) | Programa de Justicia

El 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reforma judicial. Ahí estuvieron jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, asociaciones de mujeres juezas y magistradas, representantes del Colegio de Secretarios del Poder Judicial Federal, y de las organizaciones de sociedad civil que conformamos el colectivo #LajusticiaQueQueremos.

Entre el público había estudiantes del Movimiento Generación del 24 que han impulsado movilizaciones en las calles, el ministro Javier Laynez Potisek, periodistas, académicos de México y Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaitte, hizo un pronunciamiento sobre la situación en México. En fin En comentarios del personal de la Comisión, fue una de las audiencias más concurridas y que han generado mayores expectativas en dicho espacio internacional.

Una reforma judicial desvinculada de las personas

Un momento relevante en esta audiencia ante la CIDH fue la oportunidad de dar voz a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Personas cuyos hijos, hijas, padres, madres, hermanos, amigos, un día ya no regresaron a casa, o fueron sacados de sus hogares a golpes, o cuyos cuerpos han sido encontrados mutilados, calcinados, en pedazos, o asesinados en vídeos grotescos. Víctimas de un infierno de violencia que no ha menguado y que el sistema de justicia (policías, ministerios públicos, comisiones de víctimas, comisiones de búsqueda y peritos) no ha solucionado. Estas víctimas que poco han tenido acceso a la justicia, saben que la reforma judicial tampoco es la solución. Saben que se necesita una reforma, pero no es ésta. 

También se están violando los derechos laborales de quienes operan en el poder judicial y son parte de una carrera cuya meta era ser jueces, y ahora no lo podrán ser, a menos que se sometan a una campaña electoral. Así, se violan los derechos de las mujeres que lucharon por abrir mecanismos para ser juezas y magistradas, y de todas las personas que afrontaron concursos sumamente rigurosos para ocupar esos cargos, y ahora los ven cancelados ante su remoción en 2025 o 2027. Todas estas personas que han dedicado años de sus vidas al trabajo judicial, ven por tierra su esfuerzo y el futuro de sus familias. 

Sobre todo, y el ángulo más delicado de la reforma, es que son violentados los derechos que dan sentido a la existencia de los poderes judiciales: el acceso a la justicia, que ésta sea independiente e imparcial, y el debido proceso. Todos estos pertenecen a la ciudadanía de a pie. En este artículo ampliamos las afectaciones a derechos humanos en materia de justicia penal, tema fundamental que ya abordamos en una colaboración previa.

Acceso a la justicia, independencia judicial y debido proceso

De los más de 100 mil casos de desaparición forzada, entre 2005 y marzo de 2022, los poderes judiciales Federal y estatales solo han emitido 36 sentencias contra 26 personas. El problema para las familias víctimas es claro, los casos ni siquiera llegan a los jueces. Sus casos siguen entrampados en las Fiscalías, en investigaciones sin rumbo. 

Esta situación se replica para casi todos los delitos en México. De acuerdo a Hallazgos 2023 de México Evalúa, en 2023, de más de 2 millones de procesos penales que se abrieron en las fiscalías, menos de 100 mil (3.6%) fueron vinculados a proceso; es decir, sólo estos casos llegaron ante un juez. El resto sigue en las fiscalías. En materia penal, el problema de acceso a la justicia no está en los poderes judiciales. El problema lo encontramos, pasos atrás, en las instituciones encargadas de la investigación y construcción de los casos: policías, fiscalías y autoridades que cuentan con información sobre la posible comisión de delitos. 

Si la intención tan anunciada de la reforma es mejorar el acceso a la justicia, deberíamos empezar por las policías y fiscalías. Al parecer, en el actual gobierno hay una mayor claridad sobre este punto. Sólo tenemos que asegurarnos que las capacidades de investigación de las policías sean desde un enfoque civil y no militar. También, que las investigaciones (incluyendo el uso de inteligencia) tienen que darse en un marco de respeto de derechos bajo la vigilancia y supervisión judicial.

Tenemos que vigilar que una vez que los casos lleguen ante los jueces, estos no obedecerán instrucciones de quienes los designaron como candidatos. Y que, durante el proceso y las audiencias, se respetaron los derechos de víctimas y personas procesadas. Ahí está el reto y la importancia de contar con jueces independientes e imparciales y que la justicia sea transparente. 

¿Y ahora qué hacemos?

En este escenario de una reforma sin diagnóstico, sin plan de implementación, sin escuchar a las y los jueces y a quienes trabajan en los tribunales, y lo más desesperanzador, sin visión de mejora de los derechos de la ciudadanía, tenemos que identificar y construir espacios de esperanza.

Ante el avasallamiento contra los poderes judiciales y el riesgo de perder nuestros derechos, ¿hay alguna esperanza para la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer? En este momento hay varias propuestas, las resumo en estas tres:

• Observar y documentar desde sus muchas aristas el proceso de implementación de la reforma judicial en el ámbito federal, y no dejar de señalar los problemas y costos que representa.
• En el ámbito internacional, y aunque la batalla dure años, seguir alertando y comunicando las implicaciones de la reforma en el deterioro de un estado de derecho democrático y la pérdida de derechos de las personas.
• En el ámbito local, proponer y encontrar fórmulas que acerquen la justicia a las personas y que no fueron consideradas en la reforma judicial: justicia cívica, tribunales constitucionales locales, justicia digital, participación ciudadana en la construcción de políticas judiciales, jurados. Incluso construir, desde los estados, soluciones que permitan fortalecer la carrera judicial, a pesar de la obligación de realizar elecciones de cargos judiciales por voto popular.

Y desde los diferentes espacios (víctimas de violaciones de derechos humanos, sociedad civil, activistas, academia, estudiantes, periodistas, defensores de derechos, sector privado, jueces, personal judicial), articularnos y no perder de vista que al final del día lo que estamos defendiendo son nuestros derechos.

baf