Votamos en contra de eliminar el derecho a presentar juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, dado que es una regresión.

Morena limita las posibilidades de defensa ante la imposición de propuestas constitucionales, aunque estas sean un error histórico.

El partido oficialista encamina a México hacia el autoritarismo y la dictadura.

Presenta GPPRI Moción Suspensiva porque el dictamen atenta contra el principio de convencionalidad y hay un grave retroceso para la protección de los derechos humanos.

Los diputados federales del PRI consideramos que la iniciativa de reforma constitucional para prohibir la impugnación de reformas constitucionales resta a los derechos y libertades de los mexicanos, por lo que votaremos en contra de eliminar la posibilidad de recurrir a juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Votamos en contra de destruir la Constitución.

Encabezados por nuestro coordinador Rubén Moreira y en acuerdo con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, enfatizamos que modificar los Artículos 105 y 107 de la Constitución para establecer que estos recursos son improcedentes para contravenir las adiciones o reformas a la Carta Magna es un retroceso.

La propuesta de Morena es tirana, representa el establecimiento de un autoritarismo sin control e intocable, que permitirá a la autoridad actuar de forma arbitraria, modificando leyes y reglamentos a su antojo para despojar a los mexicanos de sus derechos y libertades.

Consideramos un terrible error histórico el establecer que las modificaciones a la Constitución no puedan ser impugnadas por ninguna vía, ni en el fondo ni en cuanto a su proceso legislativo.

Son un exceso los artículos transitorios que estipulan que al entrar en vigor la reforma, los juicios, recursos o acciones que se encuentren en trámite quedarán sin materia y deben ser sobreseídos y que la interpretación y aplicación de la reforma deberá ser conforme a su literalidad.

No encontramos ningún motivo para avalar la minuta que envió el Senado de la República, pues elimina los mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones que se realicen a la Constitución, en lo que sea contrario a lo previsto en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como al proceso legislativo en el que existan y sean notables los vicios de procedimiento, irregularidades o fraudes.

Advertimos que es muy grave eliminar las facultades y funciones que tiene el Poder Judicial en un sistema de pesos y contrapesos, para concentrar todo el poder en las manos y determinaciones del oficialismo, sin frenos ni límites para el abuso de poder.

El dictamen en materia de inimpugnabilidad pone en riesgo los derechos humanos y libertades de todas y todos los mexicanos, debilitan las garantías de los ciudadanos al dejar sin protección efectiva sus derechos ante posibles excesos legislativos y representa un retroceso en la protección de derechos humanos.

Esta reforma, presentada por Morena, es un gran peligro para México porque la Constitución podrá ser modificada para ajustarse a los intereses del momento, sin considerar los derechos fundamentales existentes, permitirá que disposiciones, por el simple hecho de que la mayoría legislativa así lo decida, se establezcan en el texto constitucional para que se consideren totalmente legales y válidas, sin que existan recursos para combatirlos.

Esto vulnera los principios de progresividad y de no retroactividad de la ley, trata de acallar y frenar los recursos existentes en contra de la reforma judicial. Ya que el Juicio de Amparo no tendrá validez, no habrá defensa ni protección de la justicia, todos quedaremos en estado de indefensión, sin nadie ni nada que nos proteja.

Esta reforma es el inicio de una dictadura que afectará sin límites ni frenos a toda la población en sus libertades y derechos.

Al inicio de la sesión, la bancada tricolor presentó una Moción Suspensiva, en la que exponen que se atenta contra el principio de convencionalidad, hay un grave retroceso para la protección de los derechos humanos, viola el procedimiento legislativo al no cumplir con los plazos reglamentarios para circular un dictamen y no acreditaron la urgencia para aprobarlo.

baf