La tasa de homicidios dolosos a nivel nacional ya no dice mucho sobre la expansión del control territorial del crimen organizado que hoy es la principal amenaza para el Estado de derecho.
Armando Vargas (@BaVargash) | Programa de Seguridad
López Obrador presumió una y otra vez la reducción de los homicidios dolosos para crear, sostener y difundir la narrativa de que México se encuentra en un proceso de pacificación sostenida. Lo cierto es que su sexenio se convirtió en el más violento de la historia, con 198,903 víctimas de homicidio doloso, 27.5% más que las registradas con Enrique Peña Nieto y 65.5% más que con Felipe Calderón. Las cifras provienen del propio gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el informe diario de Seguridad.
Ademas de las enormes dudas que hay sobre la velocidad de esos datos oficiales, es una realidad que la criminalidad y las violencias han transmutado de forma acelerada en la última década en nuestro país. Muchos de los indicadores disponibles para monitorear su comportamiento e impactos son insuficientes o directamente obsoletos. A propósito, la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional no nos dice mucho sobre la expansión del control territorial del crimen organizado que hoy es la principal amenaza para el Estado de derecho.
Es necesario replantear con urgencia los fenómenos y los indicadores contemplados para determinar el éxito o fracaso de la política de seguridad pública. Aquí expongo tres problemas prioritarios acordes a los desafíos que plantea el propio fenómeno criminal. Deben monitorearse desde este momento para demandar a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos locales, mejores políticas de seguridad pública. Subrayo que no son los únicos desafíos; también es necesario vigilar aquéllos asociados al desempeño institucional, como la impunidad. Sin embargo, todos se relacionan con el control que ejerce el crimen organizado sobre la política, la economía y la sociedad a nivel territorial.
1. Violencia político-criminal
De acuerdo con México Evalú-Data Cívica, la violencia político-criminal se define como los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos. Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia moderna, pero este problema no es exclusivo de los procesos electorales. En los últimos seis años, el problema ha crecido de manera sostenida, afectando principalmente a las autoridades municipales (78% de las agresiones registradas desde 2018 por el proyecto Votar entre Balas se concentran en este nivel de gobierno). Es importante monitorear la violencia político-criminal porque es uno de los medios principales para la construcción de los regímenes criminales; su frecuencia da cuenta del grado de expansión del control territorial del crimen organizado.
2. Conflictos armados del crimen organizado
El intercambio de fuego entre distintos grupos criminales (como vimos en entidades como Zacatecas o Chiapas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), o entre facciones distintas de un mismo grupo (como está ocurriendo actualmente en Sinaloa con el enfrentamiento de los Chapitos y la Mayiza), o los reacomodos en la distribución del control territorial por parte del crimen organizado, son procesos que usualmente se acompañan de la interrupción de los sistemas funcionales de la sociedad (como la suspensión definitiva de actividades económicas y sociales como la educación). En este marco, el número de conflictos armados es una métrica del nivel de riesgo político para las empresas y las comunidades, como bien muestra un estudio reciente de México Evalúa. A pesar de lo anterior, aunque sabemos que han crecido de forma importante desde el sexenio de Felipe Calderón, carecemos de una métrica precisa sobre su magnitud y frecuencia.
3. Explotación de las economías locales
Hace mucho que es obsoleto decirle “narco” al crimen organizado. El tráfico de drogas al mayoreo y menudeo no es la única actividad de los grupos delictivos y acaso tampoco la principal. Diversos estudios académicos y periodísticos han mostrado que, en los últimos años, el cobro de piso se ha extendido a lo largo y ancho del territorio nacional. Las propias organizaciones criminales regulan la oferta y la demanda de seguridad a partir de la creación de entornos de terror. Las cifras de extorsión a través de denuncias y encuestas de percepción no logran captar esta dinámica, por lo que es necesario reformularlas o complementarlas, para contar con indicadores sobre la pérdida de libertades y la ausencia del Estado de derecho a nivel territorial.
Este cambio en la visión de los problemas que amenazan a la seguridad pública no puede aplazarse a más administraciones. Como dice la célebre frase de Sir Francis Bacon, “el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador”. Hace décadas que el crimen en México evoluciona a paso veloz mientras el Estado, impávido, va perdiendo el poder a costa del bienestar de la población.
baf
