A partir de la iniciativa de Reforma del Poder Judicial presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero, desde México Evalúa identificamos temas que deben ser abordados en las discusiones públicas.

Adicionalmente, el seguimiento a los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial organizados por el Congreso de la Unión, nos ha dado una perspectiva clara de lo que está en juego.

A continuación, los tres principios que, según nuestro análisis basado en evidencia y datos, deben prevalecer en la reforma, así como siete propuestas por medio de las cuales se puede garantizar el derecho de acceso a la justicia de manera eficiente e imparcial.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo politiza la designación de las personas ministras, magistradas y juezas. Esto incrementa los riesgos de que personas sin los perfiles idóneos sean elegidos para impartir justicia.
Someter a voto popular, y echar por tierra los esfuerzos que se han alcanzado en materia de carrera judicial, implica una regresión a jueces politizados y más susceptibles a cooptación por intereses de poder. Además de los costos que implica la elección directa de jueces y juezas en todas las materias (civil, penal, laboral, mercantil) y por todo el país. La iniciativa carece de un plan de implementación que haya evaluado factibilidad, costos y gradualidad.

Es relevante mencionar que la elección de cargos judiciales por voto popular no está recomendada a nivel internacional. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.

Además, la imparcialidad de las personas juzgadoras es una obligación del Estado mexicano suscrita en diversos instrumentos internacionales y es indispensable para la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y el funcionamiento de la democracia.

La CIDH destaca que todo proceso de nombramiento debe considerar los méritos y calidades del aspirante. Se debe seleccionar a los jueces exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.

Además, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU a partir de la revisión que hizo del caso de Bolivia, concluyó que debido al voto popular se podrían designar a jueces que no tienen los conocimientos, experiencia e independencia —algo que, desde nuestro punto de vista, es toral para garantizar sentencias justas—. Apuntó que en los procesos para designar jueces no deben prevalecer los criterios ni las consideraciones de índole política. Incluso subrayó que es conveniente que la designación de los jueces se aleje lo más posible del poder político. En esa misma línea, el Relator insiste que el proceso de designación de jueces debe diseñarse para identificar a los perfiles con el mayor mérito profesional e independencia de criterio.

La reforma propuesta pone en riesgo la garantía que tenemos los mexicanos para ser escuchados por un tribunal competente e imparcial. No es asunto menor: contraviene un amplio conjunto de compromisos internacionales que México ha suscrito. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura obligan a que la administración de justicia en México sea impartida por tribunales competentes, imparciales e independientes; y, que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean idóneas y con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas.

En resumen, la reforma propuesta podría deteriorar la imparcialidad e independencia de los tribunales porque serían ocupados por personas elegidas popularmente pero sin los atributos idóneos para impartir justicia.

La reforma que propone el Ejecutivo no tiene una visión sistémica y tampoco se basa en una visión diferenciada entre las necesidades del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales.
El 60% de los casos están en los poderes judiciales estatales, es decir, el foco de los problemas de justicia está en los Estados. En cambio, la reforma constitucional y su difusión se ha enfocado al Poder Judicial Federal, cuyos problemas de funcionamiento son completamente diferentes a los de las entidades federativas. Los estados tienen problemas más acentuados de cooptación política, susceptibilidad a espacios de corrupción, bajos presupuestos, entre otros. En ese sentido, se propone diferenciar entre los problemas de la justicia federal y de la estatal.

El acceso a la justicia podrá mejorarse mediante una reforma integral al sistema de justicia que propicie estructuras más profesionales, con mayores recursos y que abarque a todas las instituciones, y no sólo al Poder Judicial.
La puerta de entrada al sistema de justicia empieza en las policías (que muchas veces no tienen condiciones laborales justas), continúa en las fiscalías (que no han transitado a investigaciones profesionales e independientes de injerencias indebidas), sigue en defensorías públicas debilitadas, y deriva en cárceles sin un sentido de reintegración a la sociedad. Si se propone una reforma a la justicia mexicana, debe ser atendido el sistema de instituciones en su conjunto y no sólo del Poder Judicial.

Contar con jueces que resuelvan los conflictos entre las personas y defiendan a la ciudadanía frente a las autoridades, a partir de criterios de legalidad y justicia, es un elemento esencial para la convivencia pacífica en cualquier sociedad. No tener jueces que respondan de manera objetiva e imparcial cuando se suscita un conflicto entre las personas o cuando las autoridades abusan del poder o incumplen sus deberes, nos deja en la indefensión de nuestros derechos y pone en riesgo la estabilidad de contratos, acuerdos y propiedad de las personas. Atentar contra este principio generará un clima de incertidumbre y violencia constante en el país.

En resumen, la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal no resuelve los problemas de acceso a la justicia de la población, sino que los agrava. Al mismo tiempo, erosiona la independencia judicial al profundizar la politización en la designación de todas las personas juzgadoras del orden federal y local.

Por ello, desde México Evalúa proponemos siete puntos claves a profundizar para una discusión seria a la Justicia en México:

Establecer mecanismos de designación que garanticen la idoneidad de los perfiles, desarrollando perfiles de preselección y acotamiento a algunas posiciones de Poderes Judiciales.
Fortalecer la justicia local.
Enfocar la reforma de modo que esté centrada en las personas usuarias y operadoras.
Impulsar la participación ciudadana y el acceso al sistema de justicia.
Establecer garantías presupuestales que permitan a los poderes judiciales operar con eficiencia.
Garantizar la independencia de las instancias de disciplina y control interno.
Impulsar el desarrollo de políticas anticorrupción efectivas al interior de los poderes judiciales.
Aminorar algunos de los efectos nocivos de esta reforma es posible si se entra a la discusión a fondo y desde diferentes ópticas a los puntos señalados.

Si queremos avanzar hacia un país justo y democrático, es preciso que las instancias del Estado no utilicen demandas legítimas de la población para alcanzar objetivos políticos.

Hacemos un llamado a las y los legisladores a profundizar en la discusión de estos temas y dar el tiempo necesario para debatir antes de plasmar los resultados en la reforma constitucional. El objetivo no debe de ser otro que servir de base para el sistema de justicia que merecemos las y los mexicanos.

CCC 12:16