La mujer, como género, es uno de los grupos vulnerables que más sufre en México por violación a sus derechos humanos, así lo reveló el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”.

Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, resaltó que, a partir de un estudio realizado por la organización no gubernamental, “la violencia sexual en el país es una de las acciones que afecta a poco más de la mitad de las mujeres que habitan el territorio nacional”, según datos oficiales.

“A pesar de algunos avances en los derechos de la mujer, la violencia ha aumentado, según estadísticas gubernamentales. La falta de cambios en el marco legal, perpetúan la impunidad para agresores, aunado a los recortes presupuestarios que afectan programas de prevención en todo el territorio nacional”.

Jesús Rey, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, señaló que el informe del GIDH advierte que la violencia sexual afecta al 52.7 por ciento de mujeres, adolescentes y niñas en todo el país, mostrando un aumento de 41.3 a comparación de las mismas cifras, pero de 2016. “Aunque México ha legalizado el aborto en 12 entidades y aumentado la participación femenina en el gobierno, la violencia persiste, exigiendo acciones más efectivas”.

Dentro de los 33 códigos penales, las definiciones de “violación” incumplen con estándares internacionales. “La concentración en la fuerza en lugar del consentimiento perpetúa la impunidad, por lo que recomendó el GIDH modificar el código penal para armonizar con normas internacionales y estandarizar definiciones legales en todas las jurisdicciones”.

Además, Fierro Hernández subrayó una serie de obstáculos legales para que las personas sobrevivientes de violencia sexual, incluida la carga de la prueba en la víctima y la disuasión por parte de las autoridades policiales, tengan acceso a una verdadera acción de la justicia. Por ejemplo, la figura de “perdón” y la falta de confianza en la policía contribuyen a la impunidad. “Se insta a modificar los códigos penales para evitar el abuso de esta figura y garantizar un acceso justo a la justicia”.

El informe, agregó Fierro Hernández, evidencia que la figura del estupro, aplicable a casos de violencia sexual contra adolescentes, hacen débil el acceso a la justicia, por lo que pidió derogar esta disposición, ya que impide el acceso pleno a la justicia y perpetúa mitos perjudiciales.

El abogado litigante aprovechó para señalar medidas de austeridad que afectan programas de igualdad y prevención de violencia de género. A pesar de los recortes, en necesario que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones internacionales y asigne los recursos suficientes para abordar la violencia de género y poner en marcha una campaña nacional para prevenirlo.

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