Por considerar que el Gobierno de México y las autoridades de Jalisco se han conducido con omisiones e irregularidades en las investigaciones que permitan dar con el paradero de Blanca Yolanda Figueroa Cabral, desaparecida hace más de tres meses en Zapopan, su familia presentó una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y solicitó su ayuda para que se garantice su derecho humano a una justicia pronta y expedita.
En la petición con número 84466, Francisco Javier Figueroa Gallego -padre de Blanca Yolanda- solicitó a esa instancia internacional revisar la forma en que se han conducido las instituciones y funcionarios federales y estatales a quienes ha recurrido en vano en busca de ayuda para encontrar a su hija.
Destacó que México forma parte de la OEA, y por lo tanto el Gobierno está obligado a garantizar los derechos fundamentales de las personas, “pero en el caso de Blanca esos derechos han sido violentados sistemáticamente por las autoridades federales y estatales”.
“Desde que Blanca fue desaparecida nuestra familia está emocionalmente destruida, quebrada. Y si a eso le sumamos que las autoridades han sido totalmente omisas en nuestra exigencia y derecho de saber qué pasó y dónde está ella, solo podemos decirle a la sociedad que estamos derrumbados, sobre todo los cuatro hijos menores de Blanca, que aún esperan su regreso”, señaló Figueroa Gallego.
Informó que en su petición ante la CIDH, hizo saber que Blanca Yolanda desapareció el pasado 5 de septiembre cuando acudió a una cita de trabajo en Zapopan con su jefe Daniel Shaia Bravo, y una mujer de nombre Nohemí González Valencia, para entregarles la administración del conjunto habitacional Heritage, ubicado en el mismo municipio.
Agregó que también enlistó las instancias oficiales a las que ha recurrido en busca de ayuda, con escrito de por medio, sin obtener respuesta hasta el momento. Éstas son:
La Presidencia de la República; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC); la Fiscalía General de la República; el Gobierno del Estado de Jalisco; el Congreso del Estado de Jalisco; la Fiscalía Estatal de Jalisco; la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía de Jalisco; la Oficina de Atención a Víctimas de Secuestro de Jalisco, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Y recordó que de manera adicional, hizo un llamado público a las precandidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchilt Gálvez para que como mujeres, madres, hermanas e hijas se sumen a la exigencia ante las autoridades de saber dónde está Blanca.
“Pero nadie, nadie en absoluto nos ha escuchado ni apoyado; pareciera que la vida de Blanca Yolanda no vale nada para ellos. Prefieren estar ahorita distraídos en la política, buscando el poder dizque para ayudar a los más desprotegidos y vulnerables como
nosotros estamos en este momento. Pero ni aun así, en ese su mundo de fantasía donde no pasa nada, les deseamos vivir lo que nosotros estamos viviendo”, expresó.
Añadió que además de la omisión de que ha sido víctima por parte de las instituciones descritas, ante la CIDH describió otras irregularidades y negligencias dentro de las investigaciones del caso, entre las que se destacan las siguientes:
*No haber siquiera llamado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco a jefe Daniel Shaia Bravo y Nohemí González Valencia con quienes Blanca Yolanda se reunió el día de su desaparición. Incluso un video en poder de la Fiscalía hace constar que Blanca ingresó a ese lugar; que horas después se ve a Daniel salir a la calle hablando por teléfono, recibir a una camioneta color blanco sin ventanas que entra a la casa, misma que sale posteriormente presuntamente con Blanca Yolanda en su interior.
*La inexplicable demora de más de dos meses en que incurrió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para practicarle la prueba de ADN al cuerpo de una mujer que fue localizado en Tlajomulco dos días después de la desaparición de Blanca Yolanda, y cuyo resultado fue negativo, en el que la familia tiene fundadas dudas.
Aunado a ello, Francisco Javier Figueroa Gallego hizo saber a la CIDH que desde que se denunció la desaparición de Blanca, su familia ha sido víctima de intimidación debido a que son perseguidos a bordo de vehículos sin placas, y se han percatado de la presencia de hombres frente a sus hogares que toman fotografías para monitorear sus movimientos.
Por esa situación, incluso la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó a la Fiscalía de Jalisco brindar medidas de protección a toda la familia, pero hasta el momento tampoco se le ha concedido ese derecho para proteger su vida.
“Estamos esperando que eso se concrete; tenemos mucho miedo, más desde que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz reconoció públicamente que durante el cateo en la casa de donde desapareció Blanca se encontraron rastros de su sangre, armas y equipo táctico, y que en el caso hay elementos para suponer que está relacionado el crimen organizado, por lo cual solicitaría la ayuda de la Fiscalía General de la República.
Pero tenemos fe y esperanza en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interceda por nosotros, y nos ayude a sobrellevar este dolor y calvario que estamos viviendo”, puntualizó Figueroa Gallego.
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