Además, garantiza un sistema alimentario universal, justo y equitativo para las y los mexicanos, destaca la presidenta del Senado de la República

La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible está orientada a la progresiva erradicación del hambre y la malnutrición en México, así como a mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera.

“Indudablemente, el país nunca había experimentado un entorno político tan propicio para impulsar una causa social tan legítima como ésta”, aseveró.

Durante la discusión y aprobación del dictamen, por el que se expide dicho ordenamiento, la senadora dijo que, con esta Ley, el Poder Legislativo tiene una oportunidad crucial para garantizar justicia social para todos los mexicanos, sin excepción, ya que se legisla no sólo para el bienestar de esta generación, sino para las futuras.

Destacó que la alimentación es el primer derecho que guarda interdependencia directa con la vida, pues constituye la necesidad básica fundamental de todo ser humano, además de que de su adecuada satisfacción depende el bienestar y la capacidad de ejercer otros derechos.

“Como proponente de una de las iniciativas, que conforman el dictamen que actualmente discutimos, me complace afirmar que, sin exageración, este es un día histórico para el Senado de la República”, manifestó.

Refirió que, durante los últimos cinco años, el Senado de la República ha avalado una cantidad significativa de decretos legislativos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

Por lo que la aprobación de este dictamen es de suma importancia, puesto que el derecho a la alimentación está reconocido explícitamente en la Constitución Política, desde octubre de 2011, y a partir de ese momento las instituciones del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlo.

“Sin una ley reglamentaria, el contenido del derecho a la alimentación se quedaría en un mero enunciado y su alcance puede variar, según las interpretaciones de diferentes niveles de gobierno y posiciones ideológicas acerca de él”, advirtió.

El Poder Legislativo, consideró, está jurídicamente obligado a promulgar una legislación marco que sirva como instrumento para que, a través de todos los niveles de gobierno, se lleven a cabo esfuerzos efectivos destinados a hacer valer el derecho a la alimentación.

“Sin embargo, conflictos de interés, influencia económica y falta de voluntad política impidieron que en gobiernos anteriores se aprobara esta legislación”, apuntó.

“No puedo negar que el día de hoy mi corazón está lleno de alegría, porque quienes desde hace años compartimos la agenda por la soberanía alimentaria de México, tuvimos que esperar 10 años para que fuera posible la votación de la Ley Reglamentaria al Derecho a una Alimentación Sana y Adecuada”.

El modelo planteado por esta legislación, puntualizó, hace hincapié en la soberanía alimentaria, que reconoce a las y los agricultores como actores centrales del bienestar de la patria, al tiempo que traspasa el modelo de la mera mercantilización de los alimentos a la valoración de conocimiento y prácticas milenarias.

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