También aprueban reformas para que comisionados de la Cofece informen sobre sus resoluciones en un lenguaje claro

La Comisión de Economía, que preside el senador Juan Moya Clemente, aprobó por unanimidad, un proyecto que busca establecer la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que se enfoquen a estimular la innovación y creación de invenciones en las mujeres.

En el dictamen, que adiciona la fracción XXXV al Artículo 5 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los legisladores dieron a conocer que el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación identificó que sólo ocho legislaciones estatales de ciencia y tecnología contemplan expresamente la participación de la mujer en estos temas: Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Esta situación, señalaron los legisladores, justifica la necesidad de realizar un esfuerzo para mejorar las condiciones de las mujeres inventoras a nivel subnacional, ya que el marco jurídico federal servirá para complementar los esfuerzos realizados en algunos estados, o para llenar los vacíos en aquellos donde todavía no existe un marco pertinente de apoyo.

“El tomar medidas para que haya más mujeres inventoras también se alinea con lo establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Capítulos como el de Pequeñas y Medianas Empresas y el de Competitividad que establecen que los países deberán actuar en favor de las mujeres”.

Las senadoras y senadores también avalaron reformas al párrafo quinto del artículo 18 y adicionaron una fracción V al artículo 85 de la Ley Federal de Competencia Económica, que plantea fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de que la Comisión Federal de Competencia Económica haga pública la versión estenográfica de sus sesiones y el posicionamiento de cada uno de los comisionados sobre los asuntos listados en el orden del día.

Este documento debe estar redactado en “lenguaje ciudadano”, para que sea fácil comprenderlo y contendrá: descripción del problema, descripción de los hechos, el sentido del voto y el razonamiento que lo sustenta.

Moya Clemente explicó que la implementación de un lenguaje ciudadano en la emisión de las resoluciones, permitirá que exista una plena comprensión de los derechos y obligaciones que impone el Estado, para otorgar certeza jurídica a sus destinatarios acerca de lo que está prohibido y lo que está permitido.

“En esta reforma se propone definir el concepto de lenguaje ciudadano con la finalidad de proporcionar una guía a los destinatarios de la norma acerca de los elementos esenciales que deben contener dichos documentos”, agregó el senador del PAN.

En el dictamen, los y las legisladoras consideraron que, a casi 10 años de la creación de la Cofece, es necesario consolidar una comunicación que facilite el cumplimiento de los principios de transparencia y respalde un acceso de las personas interesadas a los temas que se resuelven en el Pleno.

En este sentido, recordaron que la transparencia forma parte de una serie de principios que conforman lo que se conoce como gobierno abierto, que es la obligación del Estado mexicano para hacer que la información y los datos estén disponibles a la ciudadanía y que su exposición sea amigable y de fácil entendimiento.

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