por Sergio Lemus
Ahora la sindicatura del Ayuntamiento de Tlalpujahua encabezado por Graciela Arredondo Reyes tampoco ha firmado el convenio de colaboración del programa de Fortapaz de este ejercicio 2023, pese a que es responsabilidad de esta funcionaria municipal atender los asuntos de bienes patrimoniales del gobierno local.
No sólo basto que la actual síndica municipal de este pueblo mágico no firmar los convenios de programas de alimentación con el DIF Michoacán, sino que tampoco ha firmado los convenios de seguridad con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de este año.
Al inicio del actual gobierno municipal 2021-2024 se registró el 6 de octubre de 2021 un ataque armado por parte de un grupo armado con la base de la policía de tránsito, dejando como resultado tres uniformados y dos lesionados. Lo anterior, porque estos elementos no contaban con el suficiente armamento o herramientas para repeler la agresión.
A este día, y a pesar de la petición de gobierno de Michoacán de firmar los convenios de este año, el Ayuntamiento de Tlalpujahua deja al desamparo a varios de sus elementos de la policía municipal por no firmar este convenio en materia de seguridad cuando ya va medio año.
Lo único que ha atendido Graciela Arredondo Reyes fue recoger el pasado 31 de mayo de este presente en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán las placas, tarjetas de circulación y facturas de tres camionetas y dos motocicletas, así como de una cuatrimoto, las cuales fueron adquiridas por parte del Estado, mediante el programa de Fortapaz, pero del ejercicio fiscal de 2022, es decir, cinco meses después de terminado el año pasado acudió a recibir la documentación oficial de vehículos de seguridad pública para la policía municipal.
La funcionaria municipal se la pasa más en sus reuniones con la asociación de síndicos municipales, que dicha asociación se ha convertido más en un club social, que en atender las gestiones y responsabilidades que tienen en su encomienda como es proteger el patrimonio municipal y en temas de representación legal de los ayuntamientos que están a un año y medio de terminar sus períodos constitucionales las actuales administraciones locales.
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