por Alejandro Carrillo Lázaro
Uno de los fundamentos que no se han cansado de repetir en el gobierno federal desde que hicieron esa propuesta aprobada por el congreso para que la Guardia Nacional (extinta policía federal) pasara a subordinarse a la secretaria de la Defensa Nacional es decir bajo un mandato militar, es que no quieren que llegue otro “García Luna”: alguien corrupto que termine dañando más la imagen de la institución de seguridad federal. Cómo si el mando militar fuese incorruptible, se presenta la idea de entregar el cuerpo de seguridad a la autoridad castrense, esa que está diseñada para mantener las armas en posición siempre de defensa y ataque, aquella que detiene un auto y no está programada para advertir la razón de detenerlo, pues los derechos humanos no son su fuerte y no podrían serlo, sus procesos están diseñados para no permitir errores, para ser disciplinados ante el mando de sus superiores sin opción a la conciencia personal, en el orden castrense la orden se acata, en los órganos policiales el derecho de los individuos hacen que el arma sea la última opción de advertencia, claro, después de un proceso donde la vida se encuentra en peligro, más de otros ciudadanos que del mismo policía. Es necesario recordar que la institución militar no es una organización de seguridad pública, defender la nación, su soberanía y al Estado es su único interés, por eso los militares van a guerras, no los policías.
El pasado miércoles la Corte promovió a partir de los votos necesarios para garantizar su sentencia que la reforma mencionada arriba dejaba de tener vigencia para mantener el texto como estaba planteado desde un principio, es decir que la Guardia Nacional (policía federal) debía estar adscrita a la secretaria de seguridad pública, es decir con un mando civil. Todo esto derivado de las atribuciones que le corresponden al gobierno federal consistentes con la seguridad ciudadana. Este acto promovido por la corte, no gusto para nada al ejecutivo federal ni a sus seguidores. Dicen que dañan la seguridad pública, que la ponen en riesgo de actos que la corrompan.
Como nota: Los seres humanos tienen la capacidad de definir sus actos en los que a partir de la condición ética y moral establecen los valores de lo “bueno” y “malo”. la corrupción es un acto humano que daña la vida pública en cualquiera de sus niveles (familia, organización civil, comunidad, etc.) por buscar un beneficio personal; la policía, es cierto puede estar en manos de un corrupto por ser una persona que puede tomar una decisión dañina socialmente, pero en beneficio propio, pero lo mismo es un presidente, un militar, un gobernante, un comerciante, un taxista, un mecánico, un profesor, que en sus actos es en donde se puede encontrar esa decisión.
No se logra prevenir un acto de corrupción entregando una institución a otra con más legitimidad ciudadana. Es como si el presidente que tiene un grado de aceptación menor que el presidente de la India decidiera subordinarse a él porque esta mejor evaluado. No es así. Queremos empezar a atacar la corrupción: Que la Ley se cumpla, que quien la viole se le castigue. Que sea más económico respetar la norma y no lo contrario, por ahí se empieza. Y no dejando a los Estados Unidos definir veredictos que nos corresponden a los mexicanos.
Lo que hizo la Corte el pasado miércoles es someter al imperativo jurídico que se edifica en nuestra constitución política la intención irracional de un grupo político, en pocas palabras lo que se situó en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cada institución haga lo que le corresponde, obedezca sus atribuciones y se mantenga dentro de sus límites y que se pongan a trabajar en ello. La seguridad no es garantizada en igual de circunstancias por la policía municipal, policías estatales (guardia civil en Michoacán), policías federales (guardia nacional), ejercito mexicano y Marina, Cada una de estas instituciones armadas tienen atribuciones muy específicas y no, no están en la cabeza de cada titular de ellas, están delimitadas en la Constitución y las leyes que emanan de ella. Bien por la Corte que defiende la constitución, mal por el gobierno federal que decide eludir responsabilidades entregando instituciones a otras, desapareciéndolas, dejándolas sin capacidades como el INAI.
Eppur si muove
A regañadientes: para aquellos que promueven acuerdos de coordinación en materia de seguridad como el gobierno de Michoacán a la capital y a otros municipios habrá que decirle que lea la ley, ahí está toda la coordinación que necesita.
smr 09:58
