Los diputados priistas Francisco Yunes y Blanca Alcalá manifestaron el voto en contra de la Cuenta Pública 2020, por falta de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
La legisladora Blanca Alcalá señaló que el PRI pugna por perfeccionar las facultades de seguimiento y de fiscalización desde la perspectiva legislativa
Los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, Francisco Yunes Zorrilla y Blanca Alcalá Ruiz, señalaron que la Cuenta Pública 2020 deja de manifiesto que los recursos públicos se utilizan sin claridad en el destino y en la eficiencia de su uso, además de que no hay una política clara y oportuna que saque adelante al país y las familias mexicanas. Por ello, manifestaron el voto en contra de este dictamen.
En la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador Yunes Zorrilla explicó que, la suma del gasto federalizado y del gobierno federal muestra 63 mil millones de pesos que no se pudieron solventar, al señalar que buena parte de esos recursos son los que están vinculados al sector primario del país.
Destacó que Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) tiene observaciones por cerca de cinco mil 600 millones de pesos, y de programas vinculados a las empresas DICONSA y LICONSA, por cerca de tres mil millones de pesos.
Añadió que siguen las revisiones vinculadas a programas emblemáticos como es Sembrando Vida, con millonarias observaciones. “Esto de alguna forma descubre buena parte del discurso político de esta administración, que ha centrado su tónica a combatir la corrupción, a la transparencia en el uso de los recursos, y a la claridad en el destino presupuestal”, sentenció.
En su oportunidad, la diputada Blanca Alcalá Ruiz reafirmó el voto en contra de su partido, al señalar que desde la bancada tricolor se está buscando que se puedan perfeccionar las facultades de seguimiento y de fiscalización desde la perspectiva legislativa.
En ese sentido, reconoció que el 2020 fue un año atípico, pero no se regeneraron ni los recursos suficientes, ni pertinentes, ni oportunos para poder abordar el grave fenómeno que estaba experimentando el mundo y del que México no era ajeno.
Citó el caso de Segalmex y los 75 mil paquetes alimentarios adquiridos para Quintana Roo, donde no se justificó el gasto por 119 millones de pesos, y del cual no existe ningún documento que lo avale.
Por ello, la representante del partido tricolor informó que presentó una reserva para modificar el artículo segundo de este dictamen para que se señale que se observó que el gobierno no realizó en su momento las acciones suficientes de protección a la economía de la planta productiva, del empleo, como se hizo en otras economías del mundo.
También, Alcalá Ruiz tomó en cuenta el séptimo, por la falta de control y orden en la adquisición de los equipos médicos, materiales, de la contratación del personal médico y paramédico, así como en el almacenamiento, distribución y control de vacunas y medicamentos, que contribuyeron desafortunadamente a que las cifras de personas que murieron derivado de la crisis del Covid-19, fuera mayor que en otros países.
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