· Sólo si las y los fiscales están de acuerdo en los cambios legislativos, caminaremos juntos, porque la reforma es para ustedes, subrayó

La reforma constitucional que fortalecerá la independencia de las fiscalías estatales, no avanzará si no va acompañada de la Fiscalía General de la República, y de las y los fiscales estatales, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

“Solo se trabajará si están de acuerdo con los avances legislativos y constitucionales que se hagan”, advirtió la senadora.

Dijo que las y los impartidores de justicia deben estar de acuerdo para caminar juntos, porque al final la norma es para ellos, para los operadores del Sistema de Procuración de Justicia.

En el foro “Independencia y autonomía de las fiscalías locales”, organizado por la Mesa Directiva y el Instituto Belisario Domínguez, la legisladora explicó que el gran reto es fortalecer a las instituciones en el ámbito ministerial local, para que las investigaciones de los delitos sean más expeditas y profundas en apoyo a la ciudadanía y en contra de la impunidad.

Desde marzo, recordó, en el Senado impulsamos cambios constitucionales para fortalecer la independencia de las fiscalías, para ampliar sus alcances, fortalecer su autonomía y para mejorar y homologar los procedimientos mínimos específicos de nombramientos y de remoción de sus titulares, periodos y mecanismos de ratificación, entre otros.

Además, precisó, se analiza la autonomía presupuestal y la profesionalización en la carrera ministerial principalmente en elementos como la formación, ingreso, permanencia y capacitación y actualización de todas las personas que laboran en las fiscalías.

Al mismo tiempo, señaló que se busca avanzar desde el Congreso Federal en una auténtica reforma constitucional de remuneraciones dignas para los ministerios públicos, procuradores y fiscales, que tengan seguridad en su posición, y en la que se revise el sistema de competencias en el país, para definir qué corresponde a la Fiscalía General y qué a las fiscalías locales.

En tanto, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dijo que el abuso y la arbitrariedad tienen que erradicarse de todas las instituciones de procuración de justicia en el país, a fin de mejorar la confianza de la gente y se pueda fomentar la cultura de la denuncia.

Para que haya confianza, apuntó, debemos buscar que la atención a las y los ciudadanos sea rápida, empática y efectiva, por eso hemos creado las unidades de atención temprana, que los delitos sean atendidos por una segmentación, así como hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Desde esta institución, indicó, se tiene el objetivo de aterrizar acciones concretas, para realizar un cambio estructural que permita tener una fiscalía que sirva a las y los ciudadanos, a efecto de que los índices de impunidad disminuyan, principalmente los de alto impacto y feminicidios, por lo cual, “estaremos atentos al contenido de la iniciativa”.

Por otra parte, la secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Leticia Catalina Soto Acosta, celebró el mensaje de la Presidenta del Senado, en el sentido de que la reforma será para y con las fiscalías, pues la participación colectiva podrá generar una sinergia que permita generar las instituciones de procuración de justicia que México necesita.

Además, destacó que la trascendencia de la iniciativa de la senadora Olga Sánchez recae en la posibilidad de tener un piso homogéneo para los sistemas de selección, de designación, rarificación y remoción de las y los fiscales, que es fundamental.

Asimismo, Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila, consideró que en la propuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero, es necesario homogenizar las bases generales respecto de los órganos de la procuración de justicia en las entidades y la Ciudad de México, y que para el nombramiento y permanencia de quienes asuman su titularidad, se deben tomar en cuenta elementos que contribuyan a garantizar la autonomía política y financiera.

Algunos de los estados han migrado a la fiscalía autónoma, pero el presupuesto sigue siendo manejado por el Poder Ejecutivo en su totalidad o en parte, lo que limita su ejercicio de actuación, precisó.

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