A tan solo tres meses del año las modificaciones que aplica el Sistema Tributario de Administración (SAT) por la miscelánea fiscal aprobada por los legisladores federales el año pasado, ha generado conflictos a los contribuyentes a la hora de realizar dichos trámites, la autoridad tributaria no ha podido resolver los problemas y se excusa en el exceso de tráfico de la plataforma.
El primer problema identificado por Desarrollo Empresarial GOBER, consiste en la nueva versión de la Factura 4.0, que tiene una prórroga hasta julio de 2022 para el uso de este sistema, el resultado de esta actualización la hizo más compleja, ya que se obliga a poner el nombre exacto, el régimen fiscal, el código postal con el que se está registrados ante la autoridad.
Esta práctica hizo más tediosos los trámites, debido a que la nueva plataforma para realizar las declaraciones mensuales contiene errores de operación, como son el que no reconoce el coeficiente de utilidad cuando es una empresa de nueva creación o no se tuvo coeficiente en el primer año de operación, que incluye actividades en las cuales no se está dado de alta ante el SAT.
Además, no reconoce las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, todas las facturas emitidas bajo el método de “Pago en una exhibición” las incluye en el cálculo del impuesto estén o no pagadas, esto solo aplica cuando el pago sea en efectivo, estos errores no permiten realizar las declaraciones y las retrasa para tenerlas en tiempo y forma.
El segundo problema, la llamada Carta Porte, pone en riesgo la seguridad de la industria empresarial con la manera de operar la logística, ya que en este documento contiene información confidencial de las empresas, choferes y transportistas, en Desarrollo Empresarial GOBER creemos que este documento facilita identificación de la mercancía para poder ser robada por el crimen organizado.
Esta nueva adecuación está en transición hasta finales del mes de septiembre, tan complejo es este tema que una empresa multinacional refresquera ya ganó un amparo definitivo contra este complemento que solicita la autoridad.
Las pequeñas y medianas empresas tienen un gran reto en poder implementar este requisito que piden las autoridades fiscales, sin este documento pueden poner en peligro sus entregas y operaciones afectando sus ingresos, por si fuera poco, se les puede acusar de evasión fiscal y su mercancía se les puede incautar.
Incluso en algo tan sencillo como hacer una mudanza de casa existen complicaciones, porque las autoridades pueden requerir información sobre los artículos que transportan por vías federales.
“Nos siguen llenando de solicitudes y requisitos, todo ello con el objetivo de recaudar más impuestos, siempre somos los mismos los que estamos de cierta forma amarrados ante la autoridad fiscal de este país, pienso que nosotros como contribuyentes somos quienes pagamos más impuestos.” afirmó el doctor Enrique Gómez, Managing Partner en Desarrollo Empresarial GOBER.
Otro tema que ha tenido poca información y desconocimiento para los contribuyentes, es el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que es sumamente complejo por el solo hecho de darse de alta o realizar algún tipo de modificación. Las autoridades han hecho hincapié en que no se requiere un contador para poder hacer uso de esta nueva plataforma, pero eso no es cierto, por mencionar un ejemplo, al momento de emitir una factura se debe de especificar el método de pago, además de que, en los temas de IVA, IEPS y PTU no agregan ningún beneficio al contribuyente.
La migración de las personas morales a RESICO no se ha dado en su totalidad y genera un estado de incertidumbre al contribuyente, otro elemento que cabe resaltar es que en función de los CFDI´s expedidos o recibidos que se tenga la necesidad de cancelar, aún no existe el plazo definido en el que aparecerá reflejado en el sistema.
Por otro lado, en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), miles de empresas hasta la fecha siguen operando en la informalidad al no estar registradas ante la Secretaría del Trabajo, subcontratando de manera directa a un tercero por outsourcing, cayendo en la ilegalidad. Sin embargo, las empresas que solicitan REPSE, aunque no estén obligadas por el tipo actividad o desempeño económico, se ven obligados a registrarse para continuar con sus contratos con los proveedores de servicios.
“Todo esto parte de la ambigüedad y el exceso de regulaciones de la ley y lo deja a la interpretación de los usuarios, esto lo hace más burocrático para que las empresas tengan una mayor carga administrativa” afirmó Gómez.
El Beneficiario controlador entró en vigor este año, es una carga administrativa para las empresas, con la que las autoridades conocerán a todos aquellos que se benefician de tener una empresa, desde la reelaboración del acta constitutiva se debe avisar al SAT quienes la conforman, además las empresas se convierten en responsable de resguardar toda información contable de quienes la integren y no solo eso también solicitará información personal de los cónyuges con el fin de prever el Lavado de Dinero como se marca en el Código Fiscal de la Federación.
Si no se cuenta con esta información las empresas pueden hacerse acreedoras a una multa que va desde los quinientos mil pesos hasta rebasar el millón de parte de la autoridad fiscal por no cumplir con esta información en el momento que se solicite, “Este candado que impuso la autoridad, rompe el secreto corporativo que es resguardar el anonimato de los socios o accionistas de las empresas” remarcó el Doctor en ciencias de lo fiscal Enrique Gómez.
Ante lo expuesto las personas físicas y morales deben estar prevenidas y blindadas en su patrimonio por lo que se recomienda estar siempre de la mano de los expertos en materia fiscal para evitar sanciones que puedan poner en riesgo la estabilidad de las empresas.
Es por ello que en Desarrollo Empresarial Gober, nos preocupamos y apoyamos a los contribuyentes, porque sabemos lo importante que es que un experto les ayude a blindar su patrimonio y evitar tener problemas con el SAT.
