Alberto Guerrero Baena.

Michoacán, tierra sin mando: cuando todos gobiernan y nadie responde
La supuesta coordinación entre niveles de gobierno es una coreografía burocrática. Mientras tanto, la violencia manda y el ciudadano paga el costo del desorden.
Michoacán en el Informe de Gobierno de la Presidenta…
Un año después: el espejismo de la coordinación
Por más que se intente disfrazar con discursos de coordinación y nuevas mesas interinstitucionales, la realidad de Michoacán en octubre de 2025 es brutalmente clara: el estado se ha convertido en el laboratorio fallido de la política de seguridad nacional. A casi un año del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, los resultados en materia de seguridad son una radiografía del desorden operativo, la improvisación institucional y la fragmentación del mando que caracteriza la estrategia federal. En Michoacán, la violencia no disminuye; se adapta, se reconfigura y aprovecha cada vacío de poder generado por una política de seguridad pública que carece de estructura, dirección y resultados tangibles.
Militarización sin dirección: dependencia que debilita
El despliegue estratégico implementado desde 2024 apostó por una continuidad encubierta del modelo militarizado heredado del sexenio anterior. Las Fuerzas Armadas, bajo el paraguas de la Guardia Nacional, mantienen un rol predominante en la contención del crimen, mientras las corporaciones estatales y municipales permanecen subordinadas, sin recursos ni dirección operativa propia. Esta dependencia estructural ha generado un efecto paradójico: a mayor presencia federal, menor capacidad local. Los municipios, particularmente en regiones críticas como Tierra Caliente, Uruapan, Zamora y ahora Morelia como la joya de la corona más deseada, operan con mandos fracturados, plantillas insuficientes y cuerpos policiales desmotivados, incapaces de sostener una política preventiva o de proximidad ciudadana.
La ficción de la coordinación intergubernamental
La coordinación entre niveles de gobierno es, en la práctica, una ficción administrativa. Las reuniones de seguridad, convertidas en ejercicios protocolarios, reproducen diagnósticos ya conocidos sin traducirse en acciones integrales.
Mientras el Gobierno Federal prioriza los despliegues militares y la narrativa de “pacificación”, el Gobierno Estatal carece de una política de inteligencia criminal que permita anticipar dinámicas de violencia.
La Fiscalía, por su parte, opera con criterios dispares y burocracia excesiva, y las policías municipales enfrentan una crisis estructural que las coloca más cerca del colapso que de la profesionalización.
Territorios capturados: los microgobiernos criminales
Michoacán es hoy un mosaico de microgobiernos criminales que controlan rutas, territorios y economías ilícitas ante la inoperancia del Estado. En municipios como Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, la disputa entre grupos delincuenciales se sostiene gracias a la ausencia de una autoridad capaz de imponer control legítimo. La Guardia Nacional actúa de manera reactiva, sin inteligencia territorial, mientras las policías estatales se limitan a operaciones de contención mediática. Lo que el discurso oficial presenta como “intervención integral” es, en realidad, un conjunto de operativos dispersos, sin continuidad ni evaluación.
Colapso operativo y abandono institucional
A nivel institucional, el colapso operativo es evidente. Según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, menos del 40 % de los policías municipales en Michoacán cuenta con evaluaciones de control y confianza actualizadas, y la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se mantiene entre las cinco más altas del país. La estrategia de fortalecimiento policial prometida desde 2024 no se ha traducido en inversión tangible: el presupuesto estatal destinado a seguridad apenas cubre nómina y combustible, mientras la capacitación y el equipamiento permanecen en el abandono.
Una Guardia Nacional sin arraigo ni confianza
La lógica militar no ha generado seguridad sostenible. Los despliegues federales, aunque visibles, no generan arraigo comunitario ni confianza ciudadana. En muchas regiones, la población percibe a las fuerzas federales como actores temporales y ajenos, lo que refuerza la cultura del miedo y la desconfianza institucional. Sin inteligencia local, sin fortalecimiento municipal y sin una política criminal coherente, la intervención federal se vuelve estéril. La violencia se contiene algunos días, pero regresa con mayor intensidad en cuanto los efectivos se repliegan.
Un Estado que reacciona, pero no gobierna
El problema de fondo es que Michoacán no tiene una política de seguridad pública; tiene un conjunto de reacciones administrativas ante crisis sucesivas. No existe una estrategia integral que articule prevención, inteligencia, justicia y desarrollo. Cada nivel de gobierno opera bajo su propio diagnóstico, sin mecanismos de corresponsabilidad ni evaluación conjunta. Los Consejos de Seguridad se han convertido en espacios decorativos, sin capacidad vinculante ni seguimiento operativo. El Estado actúa de manera fragmentada, y los criminales aprovechan esa fragmentación para expandir su control territorial.
El costo social del fracaso
El impacto social de esta desarticulación es devastador. Miles de familias desplazadas por la violencia, escuelas cerradas en comunidades rurales, pérdida de inversiones productivas y un creciente éxodo de jóvenes hacia economías ilegales o hacia Estados Unidos. La inseguridad no solo mina la gobernabilidad; erosiona la esperanza colectiva. La narrativa oficial de “recuperar la paz” se contradice cada día con los hechos: homicidios, desapariciones, extorsiones y cobros de piso forman parte de la cotidianidad.
Reconstruir desde lo local: la urgencia de un rediseño
Michoacán necesita con urgencia un rediseño profundo de su sistema de seguridad pública. No basta con aumentar patrullajes o inaugurar cuarteles; se requiere reconstruir las capacidades institucionales desde lo local. Ello implica profesionalizar las policías municipales con estándares nacionales, invertir en tecnología e inteligencia criminal, y, sobre todo, establecer una política de coordinación real y verificable entre los tres niveles de gobierno. La seguridad no se impone con uniformes, sino con planeación, transparencia y rendición de cuentas.
Michoacán, advertencia nacional
El reto es mayúsculo, pero la inacción es suicida. Michoacán podría convertirse en el espejo anticipado de lo que ocurrirá en otros estados si la Federación insiste en replicar un modelo de seguridad basado en la centralización militar y la simulación institucional. Mientras la política siga subordinada a la retórica y la coordinación sea solo un acto de fe, la violencia seguirá dictando la agenda. Michoacán no necesita más soldados; necesita Estado.

GD