La elección de jueces mediante el voto popular y otros cambios de la reforma al Poder Judicial están generando en México efectos adversos para la democracia y el Estado de Derecho, cada vez más débiles y que afectan los derechos de las personas, especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables.  

Ese fue uno de los análisis presentados en la apertura del XIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional, que se lleva a cabo los días 23 y 24 de abril en el ITESO, la primera universidad privada que hospeda esta actividad y que lo organiza junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.  

Setenta especialistas discutirán, durante los dos días, en ponencias y talleres, temas como el constitucionalismo, los efectos de la reforma a niveles federal y estatal, el juicio de amparo y los retos de la inteligencia artificial y el cambio climático, entre otros. 

“Las constituciones y, por lo tanto, las democracias y el Estado de Derecho, están siendo puestas a prueba”, afirmó Alexander Zatyrka Pacheco, SJ, rector del ITESO, quien inauguró el congreso.

“En México, somos testigos de fenómenos que tensionan los fundamentos del Estado de Derecho como la erosión gradual de la independencia judicial, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y el uso del lenguaje democrático para dar apariencia de legitimidad a decisiones que, en los hechos, socavan la propia democracia”, dijo.  

Ante ello, el fortalecimiento del constitucionalismo reviste una importancia medular para el ITESO, ya que representa “una condición de posibilidad para la vida digna de las personas”, señaló Zatyrka.

“Una universidad confiada a los jesuitas no puede ser indiferente ante los derechos vulnerados de las personas ni al retroceso de las instituciones que debieran protegerlos”, sentenció el Rector.  

Durante el primer día de actividades del congreso se presentó el libro Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 en México, coordinado por Sergio López Ayllón y Diego Valadés, investigadores del IIJ de la UNAM.  

En el documento se analizan las violaciones legales de la elección judicial de 2025, las vulneraciones de la reforma judicial a las convenciones internacionales (especialmente en materia de derechos humanos), cómo se está implementando el nuevo paradigma en los 32 estados del país y los peligros que su aplicación implica en la impartición de justicia en México.  

“El informe representa una radiografía completa de una reforma que cimbró, cual sismo trepidatorio, las estructuras de nuestro Estado de Derecho en vías de consolidación”, expresó María Elisa Franco, investigadora del IIJ, una de las autoras del informe y egresada de Derecho del ITESO. “Esta es una reforma que afecta los derechos de todas las personas”.  

El libro registra los problemas (y la falta de soluciones) que mostró la elección judicial del año pasado, criticada por la poca participación ciudadana, la falta de claridad sobre cómo y qué se iba a votar y la carencia de resultados preliminares posteriores a los comicios del 1 de junio de 2025. 

“Ningún principio del derecho electoral mexicano se cumplió en estas elecciones: no hubo seguridad jurídica, las reglas electorales se construyeron literalmente sobre las rodillas mientras avanzaba el proceso ya con candidatos y las autoridades prefirieron ignorar los problemas”, señaló María Marván Laborde, académica de la UNAM.

“Es justo decir que al mismo tiempo se destruyó el poder judicial y se perjudicaron de forma seria los principios del derecho electoral contenidos en la Constitución”, agregó. 

Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, manifestó que el sistema judicial necesita transformaciones, pero deben enfocarse en darle mayor autonomía a quienes imparten la justicia en lugar de restringirla por razones políticas.  

“Una reforma judicial constitucionalmente valiosa no puede medirse solo por su capacidad de romper con el modelo anterior, debe medirse por su aptitud para mejorar la independencia judicial, fortalecer la confianza pública, garantizar mejores condiciones de acceso a la justicia y preservar la democracia y el constitucionalismo”, dijo.  

AC