La falta de revisión y actualización inmediata de la Norma Oficial Mexicana NOM-194 por parte de la de Secretaría de Economía, así como de otras normativas relativas a la seguridad vehicular, NOM-160 (regulación de información comercial en autos nuevos), NOM-122 (regulación comercial en autos usados) y la de Sistemas de Retención Infantil (SRI) es clave para salvar vidas.
No solo cobra miles de vidas humanas, sino también es una carga de salud pública y económica para el país. En México, los costos asociados a muertes y lesiones por tránsito se estiman en alrededor de 17,000 millones de dólares, equivalentes al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Ante la persistencia de altos niveles de mortalidad y lesiones por siniestros viales en México, las organizaciones civiles El Poder del Consumidor, El Instituto del Sur Urbano y la Coalición Movilidad Segura, junto con investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtieron que la normativa vigente sobre seguridad para los vehículos ligeros nuevos (NOM-194) no establece la obligatoriedad de tecnologías clave para la protección de usuarios vulnerables. Esta omisión pone en riesgo a millones de personas, especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas. Desde el punto de vista jurídico, la actualización de la NOM-194 también es necesaria ya que permitiría armonizar la regulación con el artículo 54 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) que establece la obligación del Estado de promover estándares de seguridad en los vehículos y medidas contundentes para la protección adecuada y suficiente de todos los usuarios de la vía. Por ello, además de su revisión y actualización, solicitaron su inclusión en el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) 2026.
“Desde el punto de vista de salud pública, esto es crítico: estamos frente a un problema prevenible que, además, genera discapacidad de largo plazo y profundiza desigualdades sociales. La evidencia sugiere que mejorar los estándares de seguridad vehicular podría reducir hasta en un 35% las muertes y lesiones por tránsito y sus costos económicos por lo que una regulación de seguridad vehicular más robusta en México sería altamente costoefectiva”, comentó la Dra. Carolina Pérez, investigadora del INSP.
Las organizaciones recordaron que no es la primera vez que exigen actualizar la normativa de seguridad vehicular. Han reiterado este llamado a la Secretaría de Economía en los últimos años, particularmente posterior a la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que dispone las medidas necesarias para avanzar en el tema de seguridad de los vehículos.
Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, señaló: “La evidencia muestra que la falta de estándares adecuados de seguridad vehicular sigue costando vidas todos los días en nuestras calles, sobre todo de usuarios vulnerables. No se trata solo de fallas individuales, son fallas de todo el sistema. Bajo el enfoque de Sistema Seguro, es tarea del Estado velar por la seguridad vial y redistribuir la responsabilidad de la seguridad vial en todo el sistema, incluyendo a los fabricantes de vehículos, para que respondan a estándares rigurosos de diseño vehicular que toleren el error humano y protejan la integridad de todos los usuarios de la vía. No se puede dejar la protección de la vida en manos de la industria automotriz.”
Enfatizaron que existen tecnologías con efectividad probada internacionalmente, como el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) y el Estándar de Protección a Peatones, que deben ser obligatorias en México e incluirse inmediatamente en la NOM-194. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y El Caribe, Latin NCAP, su adopción podría evitar más de 3 mil muertes por año, la mayoría de usuarios vulnerables. Además, el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA), al menos paraEuropa, ha registrado un potencial en la reducción de las colisiones de un 30% y de muertes en un 20%.
En 2024, fallecieron 16,646 personas en siniestros viales (tasa de 13 defunciones por cada 100 mil habitantes), manteniendo la tendencia histórica de más 16 mil muertes anuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2023, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (ST- CONAPRA),reportó más de 390 mil siniestros de tránsito y más de 96 mil personas lesionadas, muchas de ellos con secuelas permanentes. Más del 70% de las víctimas mortales corresponden a usuarios vulnerables de la vía: peatones, motociclistas y ciclistas.
Areli Carreón, del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura, señaló: “Existe una desconexión entre la Ley y la regulación técnica. Debemos actualizar cuanto antes la NOM-194, ya que no hacerlo, implica incumplir la ley, puesto que dicha omisión va en contra de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y perpetuando condiciones de riesgo estructural, que, en nuestro contexto actual, nos está costando miles de vidas al año, sin mencionar el altísimo costo para la sociedad”.
El llamado a la acción incluye la puesta en marcha de procesos regulatorios que son clave como: la actualización de la la NOM-160 y NOM-122, con el fin de incorporar lineamientos para un etiquetado de seguridad vehicular claro y accesible para consumidores, en cumplimiento del derecho a la información establecido en la legislación mexicana; y la reactivación del proceso de la Norma Oficial Mexicana de Sistemas de Retención Infantil (SRI), indispensable para la protección de la infancia en el transporte.
Al respecto, Jorge Macías, del Instituto del Sur Urbano, indicó: “La falta de información clara y verificable sobre seguridad vehicular limita la capacidad no solo de las personas consumidoras para tomar decisiones informadas, sino también de funcionarios públicos y de empresas encargadas de gestionar flotillas tanto públicas como privadas para brindar mayor seguridad. Es urgente avanzar hacia un sistema de etiquetado que haga visible el nivel de protección que ofrecen los vehículos en venta”.
Por su parte, Alma Cruz, directora de México Unido Libre de Lesiones Infantiles (MUNLI), destacó: “Niñas y niños siguen viajando en condiciones de alto riesgo. De acuerdo con la ENSANUT 2022, cada año alrededor de 75 mil menores resultan lesionados en siniestros viales, y datos del INEGI de 2019 muestran que 783 niñas y niños murieron en hechos de tránsito, lo que evidencia una deuda urgente en su protección. A pesar de ello, aún no existe una regulación que garantice que los SRI disponibles cumplan con los mejores estándares de seguridad”.
Las organizaciones advirtieron que México no logrará cumplir con la meta de reducir en 50% las muertes y lesiones viales hacia 2030 si no se atienden factores estructurales como la seguridad vehicular. Insistieron en que actualizar la NOM-194 no solo es una obligación normativa, sino una decisión estratégica de alto impacto, es decir, una política pública capaz de reducir significativamente la mortalidad, evitar costos económicos multimillonarios y proteger a los sectores más vulnerables de la población.
Finalmente, hicieron un llamado a la Secretaría de Economía y a las autoridades responsables del sistema de normalización a actuar con urgencia, incorporar la NOM194, y las otras mencionadas, en el Suplemento del PNIC 2026 y avanzar en una regulación integral que priorice la vida y la seguridad de las personas.
AC
