Un informe confidencial, presuntamente elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), señala a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al documentar graves inconsistencias en su patrimonio y posibles vínculos con la delincuencia organizada.

El documento, de 27 páginas y publicado por el portal NarcoPolíticos—dirigido por el activista Miguel Alfonso Meza y los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas—presenta datos sobre el crecimiento patrimonial de Cuevas, su gestión política y empresarial, y el uso de familiares dentro de su estructura de control.

El reporte sostiene que la carrera política de Sandra Cuevas se caracteriza no solo por ascenso vertiginoso y enfrentamientos con actores de la capital, sino también por la combinación de una narrativa de éxito personal, operaciones financieras opacas y la integración de familiares y colaboradores muy cercanos en posiciones clave

El documento del CNI expone inconsistencias graves en la justificación del origen de los recursos de Sandra Cuevas. Entre los hallazgos más relevantes destaca la adquisición en efectivo de una colección de arte valuada en más de 1.5 millones de pesos mexicanos, realizada en 2016.

Esta compra incluye obras de artistas reconocidos como Francisco Toledo y Pedro Friedeberg; no existen, detalla el informe, ingresos declarados que permitan explicar esa transacción, y la colección tampoco se incluyó en su declaración patrimonial a inicios de 2021.

La narrativa pública de Cuevas gira en torno a su supuesto crecimiento desde orígenes humildes y su inicio como comerciante en una dulcería, a la que bautizó como “Dulce Becerrita”. El análisis del CNI indica que no existe registro mercantil formal de esa empresa y que otros emprendimientos, como “Sandra Cuevas Abogados, S.C.” y “Sandra Cuevas Diamond Group, S.A. de C.V.”, presentan ausencia de información transparente respecto a socios inversionistas y operaciones reales.

El CNI enfatiza que los ingresos reportados por Cuevas en sus declaraciones de alcaldesa (entre 75,845 y 104,805 pesos mensuales) no guardan relación con las propiedades y el estilo de vida que ha proyectado.

Señala la compra de un departamento en 2012, por un monto de 564,000 pesos, con versiones contradictorias sobre la forma de pago.

El informe incluye que Cuevas alterna su identidad pública entre la imagen de líder autoritaria salida de “barrio bravo” y la de profesional sofisticada, usando esa dualidad para conectar con diversos públicos y sostener su posicionamiento político.

El texto revela que la base de poder de Sandra Cuevas recae en una estructura neopatrimonial, ya que familiares—hermanos y primos—ocuparon cargos directivos y operativos en la alcaldía Cuauhtémoc, participando activamente en la organización de eventos, el cobro de cuotas a comerciantes y el control de zonas de conflicto.

Entre ellos destaca Christopher Jaxiel Cuevas Nieves, identificado como líder de un “grupo de choque” y operador territorial. Primos como Juan Cristóbal Curiel Cuevas y Ernesto Cuevas Aviña también fueron asignados a funciones administrativas y operativas. Otros familiares consolidaron una cadena de mando leal y directa en la estructura de la demarcación.

El informe alerta que la operación de esta red familiar permitió a Cuevas un control efectivo del territorio y la construcción de una línea de mando leal, que ofrecía flexibilidad para negar operaciones irregulares y manejar zonas grises entre lo público y lo privado.

Además, se documentan alianzas políticas estratégicas con figuras como Ricardo Monreal Ávila, inicial padrino político y senador de Morena, así como con el alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava Suárez (PRI) y el operador político Marlon Ávalos García. Este último se menciona como colaborador clave implicado en controversias y procesos judiciales junto a Cuevas.

El informe también registra la presencia de colaboradores cercanos involucrados en procesos judiciales y menciona el asesinato en 2025 de su antiguo coordinador territorial, Raúl García Mejía (“Oliver”).

Señalamientos internacionales y estrategias públicas
El informe del CNI recoge que durante la administración de Cuevas la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 122 millones de pesos y que su sucesora denunció un presunto desvío de 350 millones más.

La investigación consigna procesos judiciales enfrentados por Sandra Cuevas, como la suspensión temporal en 2022 por abuso de autoridad, robo y discriminación hacia policías, proceso resuelto con acuerdo reparatorio. El informe indica que, ante cada escándalo o acusación grave, Cuevas utiliza la victimización política como estrategia discursiva, descalificando las acusaciones con narrativas de persecución mediática y judicial para movilizar apoyos y mantener su imagen pública.

El documento señala también una presunta investigación internacional: en 2025, reportes públicos apuntaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una pesquisa por presunto lavado de dinero. Según el informe, tras la difusión de esa versión, Cuevas eliminó temporalmente sus cuentas en redes sociales, interrumpiendo su patrón habitual de confrontación y presencia pública online.

Un elemento clave es la presunción de vínculos con La Unión Tepito, organización delictiva señalada como operante en la demarcación y con la que, según reportes de la SEDENA y así consignado también en el informe, existe registro fotográfico y testimonial de coincidencias con integrantes y operadores.

La investigación, difundida por NarcoPolíticos, resalta el uso reiterado de credenciales académicas por parte de Sandra Cuevas, quien se autodenomina “doctorante” y presume formación internacional en 10 países.

El informe advierte que no existe constancia oficial en el Registro Nacional de Profesionistas sobre un doctorado ni registro verificable de estudios formales en el extranjero.

El documento también pone el foco en el lanzamiento de un conglomerado empresarial bajo la marca personal de Cuevas. Señala que el conglomerado—con operaciones en cosméticos, arte, bebidas y consultoría—carece de registros claros sobre socios y alianzas, y sirve aparentemente para financiar su organización política.

El informe concluye que la falta de información, la informalidad en la constitución y la opacidad operativa de sus empresas históricas “sugieren una operación opaca y posible exageración de su historial empresarial”.

Como nodo crítico, el CNI recomienda enfocar futuras indagatorias en los periodos sin ingresos comprobables durante los cuales Sandra Cuevas adquirió bienes inmuebles y arte, así como en la legalidad real de sus principales emprendimientos.

También se subraya la necesidad de investigar a fondo la participación de familiares-operadores en el aparato territorial y sus presuntos nexos con estructuras de choque y organizaciones ilícitas.

El informe identifica el origen no justificado y la opacidad en el manejo de los recursos de Sandra Cuevas como el principal riesgo, y sugiere que estas vulnerabilidades constituyen puntos prioritarios para investigaciones penales y administrativas.

Harfuch desmiente informe del CNI
Horas después de que se diera a conocer este informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, aseguró que el documento es falso.

“El reporte señalado en la publicación es falso. Ningún documento de esa naturaleza ha sido elaborado ni emitido por el Centro Nacional de Inteligencia de esta Secretaría. La SSPC reitera su compromiso de brindar información verificada, responsable y apegada a la verdad”, escribió la SSPC en sus redes sociales.

Cabe señalar que el CNI es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

JZ