Las y los diputados federales del PRI votaron en contra de la propuesta de Ley Antilavado, impulsada por el Gobierno de Morena, ya que afecta a 60 millones de mexicanos que trabajan en el sector informal y que, con la ambigüedad de esta reforma, se vuelven sospechosos si realizan operaciones bancarias en efectivo.

Los legisladores que coordina Rubén Moreira, advirtieron que esta reforma expande facultades de vigilancia del Estado sin límites claros, impone obligaciones desproporcionadas a sectores que ya están regulados y pretende seguir utilizando al sistema penal mexicano como un medio de venganza política.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Christian Castro aseveró que es importante el combate al lavado de dinero, pero no con leyes mal hechas que vulneran derechos y abren la puerta a la persecución política. Explicó que esta iniciativa hace que todo ciudadano que esté relacionado con algún funcionario público, considerado Persona Políticamente Expuesta, se convierta también en sospechoso, ya sea amigo o trabajador.

A su vez, la legisladora Abigaíl Arredondo cuestionó que se obligue a toda sociedad mercantil a reportar cualquier cambio en la tenencia accionaria con datos personales que serán entregados a una autoridad que, hoy bajo este régimen, ha demostrado su intolerancia al disenso.

En su oportunidad, el diputado Hugo Gutiérrez aseguró que no hay justificación para exigir que cualquier empresa espíe a sus clientes, “no hay causa justa para obligar a notarías, corredurías públicas, inmobiliarias, joyerías, empréstitos y pequeños comerciantes a asumir funciones que le competen al Estado y exponerlos a demandas y a sanciones penales”.

A su vez, el diputado Jericó Abramo, al presentar reserva, detalló que hay 60 millones de mexicanos que están en el sector informal hoy ya son sujetos de sospecha, por los depósitos en efectivo a la tarjeta de crédito, el pago del crédito que tienen en su tienda de conveniencia o por un depósito para empezar a generar un ahorro.

“Todas las personas que tengan una tarjeta del bienestar, para que muchos lo entendamos muy bien, los que reciben la pensión del adulto mayor, si sacan el efectivo del cajero y van y depositan a una tienda de conveniencia lo que deben, ya son vulnerables jurídicamente hablando con lo ambiguo que está esta ley”, explicó.

La bancada tricolor exigió al Gobierno Federal que, si se va a investigar el lavado de dinero, se empiece por los casos donde ya hay señalamientos públicos e investigaciones internacionales, como es el caso de Vector, de Alfonso Romo, colaborador muy cercano del presidente anterior.

Enfatizaron que el dictamen que hoy se presenta, bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero, en realidad abre peligrosamente la puerta al abuso del poder, pues en los hechos se legaliza el espionaje y se promueve el control total del ciudadano.

WA.