ALBERTO GUERRERO BAENA
Segundo Informe de Gobierno en materia de Seguridad.
México seguro: favor de avisarle a los municipios
El país que cabe en una gráfica
Hay algo extraordinariamente cómodo en gobernar la seguridad desde una gráfica: las líneas pueden bajar, los porcentajes pueden mejorar y, por unos minutos, el país parece tranquilizarse.
El Segundo Informe de Labores 2025-2026 ofrece precisamente esa imagen. Homicidios abajo, robos abajo, feminicidios abajo, lesiones por arma de fuego abajo.
Y, como remate, menos ciudadanos colocando a la delincuencia entre sus principales preocupaciones.
El problema es que México no vive dentro de una gráfica.
El informe reporta una reducción de 54 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto respecto de 2018. También señala que en julio de 2026 la incidencia de estos delitos disminuyó 33 por ciento frente a octubre de 2024. En homicidio doloso, la reducción presentada resulta todavía más contundente: el promedio diario de víctimas habría pasado de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una disminución de 51 por ciento.
Es un dato importante. Negarlo sería absurdo. Lo cuestionable es convertir ese dato en certificado de victoria.
Cuando bajar significa solamente bajar
El problema fundamental del informe no está necesariamente en las cifras, sino en lo que el discurso oficial pretende demostrar con ellas.
Una reducción estadística demuestra una reducción estadística. No demuestra, por sí misma, que la estrategia completa sea responsable de ella, que sea sostenible, que se deba a las acciones gubernamentales o que exista una transformación estructural de las organizaciones criminales.
El propio documento trabaja con información preliminar para 2026 y utiliza carpetas de investigación reportadas por fiscalías y procuradurías estatales. Esa fuente es indispensable, pero no representa automáticamente todos los delitos cometidos. Depende de denuncia, clasificación, investigación y registro institucional.
Por eso una política pública seria debería acompañar cada descenso con una segunda pregunta: ¿por qué bajó?
Esa pregunta queda sorprendentemente incompleta.
La geografía arruina el triunfalismo
La estadística nacional es particularmente engañosa cuando se observa el territorio.
Entre enero y julio de 2026, siete entidades concentraron 49 por ciento de las víctimas de homicidio doloso. Guanajuato registró 884, Baja California 847, Chihuahua 832, Sinaloa 735, Estado de México 618, Guerrero 579 y Morelos 563. Michoacán apareció con 488 víctimas.
Es decir: mientras la curva nacional baja, existen territorios donde la violencia continúa teniendo una intensidad extraordinaria.
Ésta es una de las principales debilidades narrativas del informe.
El promedio nacional es políticamente atractivo porque suaviza las diferencias. Pero un ciudadano de una zona dominada por extorsión, homicidio, desaparición o control criminal no experimenta el promedio nacional. Experimenta su calle, su carretera, su comercio y su colonia.
La seguridad, por definición, es territorial.
El nuevo fetiche: coordinar
El informe presume 234 sesiones del Gabinete Federal de Seguridad Pública y 788 acuerdos. Las Mesas de Paz acumularon decenas de miles de sesiones y miles de acuerdos.
La pregunta incómoda es sencilla: ¿cuántos de esos acuerdos cambiaron realmente las condiciones de seguridad?
Porque reunirse no es gobernar. Firmar acuerdos tampoco.
El indicador verdaderamente relevante debería mostrar cuántas decisiones terminaron en investigaciones, detenciones estratégicas, judicializaciones, sentencias, desarticulación de estructuras criminales o recuperación territorial.
México lleva décadas construyendo una burocracia capaz de producir reuniones, protocolos, diagnósticos y convenios. El desafío histórico ha sido convertir esa maquinaria administrativa en capacidad estatal.
El informe todavía confunde demasiado frecuentemente actividad con resultado.
La nueva inteligencia
Aquí sí existe un cambio que merece atención.
La administración está intentando colocar inteligencia e investigación en el centro de la estrategia.
La reforma al artículo 21 constitucional, las nuevas unidades de investigación, los modelos homologados y la coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad apuntan en la dirección correcta.
Pero inteligencia no significa acumular información.
Inteligencia significa identificar objetivos, reconstruir estructuras, seguir dinero, anticipar movimientos y producir investigaciones judicialmente sólidas.
El informe reporta 31 mil 191 detenidos por delitos de alto impacto, además de toneladas de drogas, miles de armas y vehículos asegurados. Son resultados operativos considerables.
Pero falta la pregunta decisiva: ¿cuántas organizaciones fueron realmente desmanteladas?
Detener sicarios es necesario. Destruir la estructura que los contrata es estratégico. Decomisar droga es necesario. Golpear el dinero que permite comprarla es estratégico.
Asegurar armas es necesario. Identificar quién las financia, distribuye y protege es estratégico.
La paradoja de los decomisos
La Operación Frontera Norte ofrece una fotografía brutal de esa paradoja: más de 109 toneladas de droga, miles de armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados.
El gobierno puede presentar esos números como éxito. Y parcialmente lo son.
Pero también pueden leerse de otra manera: el volumen del aseguramiento confirma la dimensión gigantesca del mercado ilícito que continúa atravesando México.
El informe no proporciona un denominador que permita conocer qué porcentaje del flujo criminal representan esos decomisos.
Sin ese dato, el kilo asegurado impresiona, pero no necesariamente explica cuánto disminuyó la capacidad logística de las organizaciones.
El crimen organizado no desaparece porque pierde un cargamento.
Policías certificados, capacidades desiguales
La misma contradicción aparece en las policías.
El gobierno reporta 370 mil 957 policías con Certificado Único Policial.
Los porcentajes nacionales superan 80 por ciento, pero en policías municipales son menores. La certificación representa un avance institucional, pero no equivale automáticamente a profesionalización.
Un policía certificado puede seguir careciendo de salario digno, tecnología, capacitación especializada, investigación criminal, respaldo institucional o controles internos eficaces.
El propio informe plantea evolucionar el certificado hacia una carrera policial con capacidades diferenciadas. Esa admisión es importante: significa que el modelo actual todavía no es suficiente.
La pregunta debería ser mucho más simple: ¿qué puede hacer hoy un policía que no podía hacer hace dos años?
Si la respuesta es “tiene un certificado”, estamos frente a una reforma administrativa.
Si puede investigar, preservar evidencia, resistir corrupción, coordinarse con fiscales y resolver problemas territoriales, entonces hablamos de profesionalización.
Prevenir no es organizar eventos
El gobierno presenta Territorios de Paz, Ferias de Paz, Desarme Voluntario, Reconecta con la Paz y otros programas.
La intención es correcta: la seguridad no puede reducirse a despliegue armado.
Pero prevención no significa contar ferias, talleres o beneficiarios.
Prevención significa modificar factores de riesgo.
¿Bajó el reclutamiento criminal? ¿Disminuyó la violencia familiar? ¿Mejoró la permanencia escolar? ¿Descendió la reincidencia? ¿Se recuperaron territorios? ¿Aumentó la cohesión comunitaria?
Sin esas mediciones, la prevención corre el riesgo de convertirse en escenografía institucional.
Y detrás de los muros está el problema
Finalmente están las cárceles.
El sistema federal reporta 14 centros penitenciarios y 20 mil 985 personas privadas de la libertad. También registra investigaciones relacionadas con redes criminales que operaban desde el interior de los centros.
Ahí aparece una de las contradicciones más serias.
El Estado puede capturar criminales afuera y, simultáneamente, permitir que algunos continúen coordinando actividades desde adentro.
La cárcel debe cortar capacidades criminales, no convertirse en una sucursal operativa del delito.
El verdadero balance
El Segundo Informe no es un documento vacío. Hay reducciones importantes, mayor coordinación, avances de inteligencia, profesionalización y resultados operativos.
Precisamente por eso merece una crítica rigurosa.
El problema no es que los números sean necesariamente falsos. El problema es que son insuficientes para demostrar todo lo que el discurso oficial afirma.
México puede estar registrando menos homicidios y continuar teniendo instituciones desiguales. Puede decomisar más droga y no debilitar estructuralmente al crimen. Puede certificar policías y no profesionalizarlos. Puede realizar miles de reuniones y no transformar territorios. Puede organizar programas preventivos y no modificar las causas que alimentan la violencia.
La seguridad no se gana en el informe.
Se gana cuando una familia puede salir de noche sin miedo, cuando un comerciante puede negarse a pagar piso, cuando una carretera deja de ser territorio criminal, cuando una policía municipal puede investigar y cuando una prisión deja de ser centro de operaciones delictivas.
El gobierno tiene derecho a celebrar una tendencia favorable.
Pero todavía tiene una obligación mucho más importante: demostrar que esa tendencia puede convertirse en una política de Estado sostenible.
Porque una estadística puede bajar en siete meses.
La capacidad criminal tarda mucho más en desaparecer.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
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